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CAPÍTulo 3 • El RECoNoCIMIENTo CoNSTITuCIoNAl dE lA EXISTENCIA dE loS PuEBloS Y CoMuNIdAdES INdÍGENAS I 45
biológicos y socioculturales, que constituyen el entorno en el cual los pueblos y comunidades
indígenas se desenvuelven y permiten el desarrollo de sus formas tradicionales de vida.
El artículo 5 de la ley establece las posibilidades de ejercicio de la autonomía interna
de los pueblos indígenas en sus territorios, al establecer que: “Los pueblos y comunidades
indígenas tienen el derecho a decidir y asumir de modo autónomo el control de sus propias
instituciones y formas de vida, sus prácticas económicas, su identidad, cultura, derecho, usos y
costumbres, educación, salud, cosmovisión, protección de sus conocimientos tradicionales, uso,
protección y defensa de su hábitat y tierras y, en general, de la gestión cotidiana de su vida comunitaria
dentro de sus tierras para mantener y fortalecer su identidad cultural (…) Los pueblos
y comunidades indígenas tienen el derecho de participar en la administración, conservación y
utilización del ambiente y de los recursos naturales existentes en su hábitat y tierras.”
En el artículo 23, se indica que el Estado reconoce y garantiza el derecho originario
de los pueblos y comunidades indígenas a su hábitat y a la propiedad colectiva de las
tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan. Ratifica que corresponde al Poder Ejecutivo,
conjuntamente con los pueblos y comunidades indígenas, realizar la demarcación
a los fines de su titulación de acuerdo con los principios y al procedimiento establecido
en la ley. Se insiste en que para la demarcación y titulación de tierras serán de obligatoria
observación las realidades culturales, etnológicas, ecológicas, geográficas, históricas y la
toponimia indígena, los cuales deberán reflejarse en los documentos correspondientes.
El artículo 25, plantea lo relativo a los títulos anteriores bien sea documentos definitivos
o provisionales que acrediten propiedad o posesión; el artículo 26, establece los aspectos
vinculados a la inafectabilidad del hábitat y tierras indígenas; el artículo 28, destaca el
uso, goce, aprovechamiento y administración del hábitat y tierras indígenas; el artículo
29, presenta las formas de propiedad colectiva; el artículo 30, indica lo relacionado con
el registro de los títulos de propiedad colectiva, el artículo 31, destaca la improcedencia
de los ejidos en hábitat y tierras indígenas; y el artículo 32, señala lo relativo a las áreas
protegidas en hábitat y tierras indígenas, las cuales deben ser incluidas dentro de la demarcación
conforme a la ley.
A partir del artículo 33, se establecen los principios generales y el procedimiento
específico para la realización y ejecución del proceso nacional de demarcación de hábitat
y tierras indígenas. Se trata de un procedimiento bastante completo y detallado,
que incluye aspectos relevantes como la participación indígena en todas sus instancias,
la disponibilidad de recursos suficientes, la subsanación de las fallas administrativas, los
contenidos de los informes de sustanciación y la regulación de la forma de solución de
los conflictos y acuerdos con terceros públicos o privados. El propio artículo 33, destaca
el principio de demarcación participativa, al dejar clara la centralidad de la intervención
de los propios pueblos y comunidades indígenas en el procedimiento. En este sentido, la
disposición insiste en que: “Las autoridades legítimas de los pueblos y comunidades indígenas
y las organizaciones indígenas participarán en la planificación y ejecución de las actividades
de demarcación a los fines de facilitar entre otros aspectos, el levantamiento topográfico y cartográfico
del hábitat y tierras indígenas a demarcar. En el proceso de demarcación se le dará
especial importancia a los conocimientos ancestrales y tradicionales aportados por los ancianos
y ancianas indígenas sobre la ocupación del hábitat y tierras.” Por su parte, el artículo
34, ratifica que el procedimiento de demarcación estará a cargo del Ejecutivo Nacional