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El ESTAdo ANTE lA SoCIEdAd MulTIÉTNICA Y PluRICulTuRAl
4.3.1. Contenido y análisis de los títulos entregados
la revisión de los títulos de tierras demarcadas entregados por el Gobierno Nacional
en los años 2005 a 2009, permite verificar que los mismos comienzan señalando que la
Procuraduría General de la República, en cumplimiento del artículo 119 de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela, el artículo 12 de la ley de demarcación
del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas, la ley orgánica de
Pueblos y Comunidades Indígenas y la instrucción impartida por órgano del Ministerio
del Ambiente; en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, declara que reconoce
el hábitat y derechos originarios sobre la tierra que ancestral y tradicionalmente
ocupa la comunidad indígena determinada, representada por un grupo de ciudadanos
designados según acta de la comunidad respectiva certificada por la Comisión Nacional
de demarcación, la cual está conformada por un número aproximado de tantos habitantes,
según el censo realizado por la comunidad indígena, y que las tierras que por el
documento-título se reconocen están constituidas por un lote de terreno ubicado en
determinado municipio con una superficie de tantas hectáreas, delimitadas por una
poligonal cerrada definidas por coordenadas uTM, las cuales se identifican según levantamiento
topográfico elaborado y validado por el Instituto Geográfico de Venezuela
“Simón Bolívar”, según el informe técnico respectivo.
Seguidamente los títulos señalan que dichas tierras han sido ancestral y tradicionalmente
ocupadas por la comunidad indígena beneficiaria desde tiempos inmemoriales
según consta del informe socio-antropológico elaborado por la Comisión Regional de
demarcación. También se señala que el hábitat y tierras indígenas reconocidos en el documento
fueron demarcados por la Comisión Nacional de demarcación de conformidad
con la ley de demarcación y la ley orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas según
certificación de fecha determinada con la participación protagónica de la comunidad
indígena, la cual inició el procedimiento con la entrega del mapa mental que representa
topográficamente los lugares donde dicha comunidad desarrolla su forma de vida. Seguidamente
el título indica que los planes de ordenamiento y reglamentos de uso de las
áreas bajo régimen de administración especial definirán y regularán los usos permitidos
en dichas áreas de protección, hasta tanto se formulen con la participación de los pueblos
y comunidades indígenas con el fin de garantizar el mantenimiento y desarrollo de sus
formas de vida. los documentos también señalan expresamente que los derechos legítimamente
adquiridos por terceros y las actividades que en virtud de ellos desarrollen
dentro del área demarcada, se ejercerán en estricta sujeción a la Constitución y a las leyes
de la República, en un marco de respeto a los usos y costumbres, cosmovisión, valores y
espiritualidad de la comunidad indígena de que se trata.
Con relación a la explotación y aprovechamiento de los minerales y recursos del subsuelo
propiedad del Estado, el título señala que se harán sin lesionar la integridad cultural,
social y económica de la comunidad de conformidad con lo previsto en la Constitución.
A continuación, un grupo de indígenas en representación de la comunidad beneficiada
declaran en su nombre que aceptan el reconocimiento de los derechos originarios e
históricos que les hace el Estado venezolano, a través del Gobierno Bolivariano, de la