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CAPÍTulo 3 • El RECoNoCIMIENTo CoNSTITuCIoNAl dE lA EXISTENCIA dE loS PuEBloS Y CoMuNIdAdES INdÍGENAS I 59
conoce un derecho de propiedad colectiva sobre las tierras de los pueblos y comunidades
indígenas, la cual tiene atributos especiales como su inalienabilidad; mientras que el viejo
modelo agrario reconocía sólo un derecho de posesión y usufructo sobre las tierras ocupadas.
Esto era reflejado en la extensión territorial concedida o dotada, normalmente en
cantidades más o menos reducidas y coincidentes con los patrones de asentamiento de las
comunidades beneficiadas por la adjudicación. la demarcación tal como se concibe en la
Constitución, en la ley de demarcación y en la ley orgánica de Pueblos y Comunidades
Indígenas, debe hacer una ruptura con el modelo anterior, y debe reconocer los derechos
originarios sobre el hábitat y las tierras, así como la propiedad colectiva, en extensiones y
cantidades suficientes para garantizar las formas específicas de vida de los pueblos indígenas.
los datos de las demarcaciones realizadas y tituladas hasta el año 2009, referidas
a comunidades individuales en áreas discontinuas, apuntan a que el modelo agrario no
se ha superado aún, ya que las superficies de tierras son normalmente reducidas y no se
corresponden con la unidad territorial de los pueblos indígenas beneficiados.
Con relación a los avances en los procesos de reconocimiento territorial en diferentes
países de la región, expertos en la materia han señalado algunos indicadores que permiten
hacer un balance para verificar en qué medida se han implementado efectivamente
estos derechos. Al respecto se señala que “Se debe hacer referencia por lo menos a los siguientes
factores, como componentes forzosos en la coherencia y solidez de los trabajos en esta
materia: el mayor o menor grado de decisión política, la claridad y seriedad de las medidas
legales adoptadas, el volumen de tierras efectivamente adjudicadas en propiedad y la población
cubierta con las medidas, y, finalmente, el poder real transferido a los pueblos indígenas, a
través de leyes o medidas administrativas eficaces, para hacer un manejo independiente de los
territorios.” 37 Partiendo de estas consideraciones, se observa que después de once años
de aprobada la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y más allá de la
aparente voluntad política y legal; no hay avances significativos con relación a la demarcación
de hábitat y tierras indígenas en términos de extensiones delimitadas y el número
de pueblos y comunidades indígenas beneficiadas, el proceso ha sido bastante lento, se
han presentado problemas operativos, trabas institucionales y burocráticas, poco financiamiento
y asignación de recursos, y falta de información para la realización efectiva;
todo lo cual pareciera indicar la ausencia de una verdadera política de demarcación y
la falta de garantía real para la protección de los territorios indígenas en Venezuela. Sin
embargo, más allá de esta situación en cierta manera frustrante, también se reconoce que
el proceso de demarcación y sobre todo las autodemarcaciones realizadas por los propios
pueblos indígenas y sus organizaciones, han significado una oportunidad de revitalización
cultural y étnica, una revalorización de sus territorios ancestrales y un fortalecimiento de
la participación comunitaria en la toma de decisiones.
de acuerdo a los datos presentados públicamente por la Secretaría Ejecutiva de la
Comisión Nacional de demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades
Indígenas, coordinada por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, referidos a
las demarcaciones y espacios reconocidos mediante titulación; el estatus de la demarcación
del Hábitat y Tierras Indígenas a octubre de 2009, según la fuente oficial, es de 40
títulos en 6 estados. 38