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El ESTAdo ESTAdo ANTE lA SoCIEdAd SoCIEdAd MulTIÉTNICA Y PluRICulTuRAl
tomar en consideración los resultados del censo del año 2001, puesto que en él aparece
reflejada la población indígena de los municipios creados después del censo de 1992.
2.3.2. Decisión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia
la Sala Electoral al pronunciarse sobre el recurso contencioso electoral planteado, parte
de que los recurrentes alegan que en el Municipio Ribero del Estado de Sucre se encuentra
asentada una población indígena con una cantidad de integrantes superior a los doscientos
cincuenta exigidos por la norma, por lo que ha debido ser incluido un representante
indígena en el proceso electoral para seleccionar concejales y representantes ante las
juntas parroquiales y que es claro que Venezuela garantiza la participación política de los
pueblos indígenas en el artículo 125 de la Constitución. Al respecto Tribunal Supremo
señala que:
“Del contenido de este artículo se desprende que efectivamente existe un derecho constitucional
de las comunidades indígenas de tener una representación propia ante los
órganos deliberantes de las entidades federales en las que se encuentran, así como la
obligación del Estado de garantizar dicha representación de los pueblos indígenas
ante dichos órganos deliberantes locales, tal como es el caso de los Concejos Municipales,
derecho este que además ha sido expresamente reconocido en el artículo 51 de
la recientemente aprobada Ley Orgánica del Poder Público Municipal (...). En este
sentido la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece,
en su cláusula transitoria séptima, los requisitos que deben tomarse en cuenta para la
inclusión de las comunidades indígenas dentro de procesos electorales.” 9
la Sala Electoral al considerar que la norma de la disposición constitucional de carácter
transitorio seguía vigente, señala que debían seguirse las pautas establecidas en esa norma
constitucional para la elección de los representantes indígenas. Al respecto se señala:
“En ese orden de ideas, cabe señalar que el Estado venezolano ha reconocido a la comunidad
indígena Chaima del Estado Sucre, no sólo en el mencionado censo realizado en
octubre de 2001, sino que también lo ha hecho en otras ocasiones, tal como lo hiciera
la Asamblea Nacional en la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de
los Pueblos indígenas promulgada el 12 de enero de 2001(…). Considera esta Sala
entonces que, si bien la interpretación literal de la cláusula transitoria séptima de la
Constitución de la República implicaría la utilización del censo de 1992 como parámetro
para determinar la representación indígena ante los Concejos Municipales, en el
presente caso dicha interpretación literal llevaría al absurdo de no admitir los derechos
políticos de una comunidad indígena que ha sido suficientemente reconocida como tal
por el Estado venezolano (…) Ante este dilema estima esta Sala que en este caso debe
darse preponderancia a los derechos de la comunidad indígena, en tanto que obedece
a la filosofía y principios de la propia Constitución y que es deber constitucional del
Estado garantizar los derechos de los indígenas. De allí que no pueden estos dejarse a
un lado por la aplicación literal de una norma cuyo objetivo era regular las elecciones de