Descargar (pdf) - iwgia

272 I
El ESTAdo ESTAdo ANTE lA SoCIEdAd SoCIEdAd MulTIÉTNICA Y PluRICulTuRAl
de la ley mencionada, haciendo alusión a distintos tratados y convenios internacionales
de derechos humanos, anulando dicha ley y ordenando sustituirla en un
proceso en el que se diera la consulta y la participación de dichos pueblos. También
reiteró el compromiso que tiene el máximo tribunal del país en continuar trabajando
en la reivindicación de los derechos políticos y justicia social de los pueblos
indígenas, para ello seguirá el Tribunal Supremo de Justicia en la línea de aportar
los medios jurisdiccionales tendentes a la construcción de un Sistema de Justicia
que permita la inclusión y la participación de los sectores sociales, que hasta ahora
habían percibido la justicia como un tema exclusivamente de los abogados y de
poderes económicos; el compromiso es por atender y velar por los derechos de todos
los ciudadanos, garantizándoles un verdadero Estado de Derecho y respeto a la
Constitución concluyó el magistrado.” 6
dicho seminario sentó las bases para que a partir de allí distintos operadores de justicia
entendieran la justicia indígena como un tema que se encontraba en la realidad del país y
no como un invento extraño que atentaba contra la soberanía y la seguridad jurídica del
Estado e imposible de aceptar.
2. La defensa pública indígena
Con posterioridad a este seminario, se debían ensayar las distintas formas de aplicación
de esta jurisdicción especial, pero aunque existían muchos casos, no eran bien planteados
por los abogados defensores, teniendo sin embargo un aporte importante la defensoría
del Pueblo a través de sus defensorías Especiales para los Pueblos Indígenas, que aunque
pertenecientes al Poder Ciudadano asesoraban a los abogados al momento de formular
las defensas correspondientes de los indígenas privados de libertad.
Sin embargo, fue el Sistema Autónomo de la defensa Publica (hoy defensa Pública)
el que dio el primer paso en lo que respecta al reconocimiento de los derechos de
los pueblos indígenas en la jurisdicción especial y en los procesos penales ordinarios,
específicamente en lo que se refiere al derecho a la defensa. Esta institución es la encargada,
entre otras cosas, de garantizar el derecho a la defensa de aquellas personas
que son procesadas o imputadas por estar presuntamente involucradas en la comisión
de delitos y que no cuentan con recursos económicos para pagar abogados privados,
por lo que inspirados en las conclusiones del seminario citado y en un compromiso
humanista y progresista se designaron en diciembre de 2002, los primeros defensores
públicos con competencia penal e indígena, fundamentándose en las siguientes normas
de la Constitución:
“Artículo 49.- El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas;
en consecuencia:
1. La Defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo grado e instancia
de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada
de los cargos por los cuales se le investiga; de acceder a las pruebas y de disponer del