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174 I
El ESTAdo ESTAdo ANTE lA SoCIEdAd SoCIEdAd MulTIÉTNICA Y PluRICulTuRAl
tación y materialización de las políticas públicas. lo anterior se desprende, asimismo, del
hecho de que los derechos territoriales indígenas están consagrados constitucional y legalmente,
mientras que la política pública –indígena, en este caso– responde a un proceso
de construcción, que tiene lugar “de abajo hacia arriba” y que no existe como definición
del Estado, más allá de lo que la norma establece y de los esfuerzos sectoriales de algunas
instituciones públicas o privadas.
los derechos territoriales indígenas encuentran su expresión material en la política
pública, entendida ésta, desde el punto de vista institucional, como “el conjunto de
acciones, decisiones y modos de gestión y evaluación que afectan la organización de la
vida cotidiana y el estatuto del sistema social y político en su conjunto.” 43 Por otra parte,
desde una perspectiva social, debe tenerse en cuenta que “una política pública tiene que
tener como fin primordial la satisfacción de las necesidades sociales y humanas, es por ello que
la teoría pluridisciplinaria de las políticas públicas establece que para que ese fin pueda y deba
realizarse toda política debe estar en continua evaluación. No se trata de aplicarla por el aparato
burocrático-administrativo y apreciar-valorar resultados, luego de hecho lo que se puede es
corregir; se trata de evaluar (y de construir en el caso de las políticas públicas indígenas) antes
de aplicar, para de esa forma corregir, enmendar, rectificar, modificar y mejorar antes de la acción
práctica y obtener mejores resultados. Es buscar adecuar el instrumento previo al impacto
de la sociedad; con ello se pretende evitar disfunciones y distorsiones político-administrativas y
socio-económicas.” 44
Al hablar de la coexistencia de los derechos territoriales –recogidos en el art. 119
CRBV– y las políticas públicas indígenas, dentro de un mismo espacio geopolítico, y del
control por parte de los pueblos indígenas de sus “hábitats”, el carácter territorial de los
derechos indígenas cobra preeminencia por encima de la política pública. Es decir, la condición
para la materialización de la política pública pasa por la necesaria concreción de
los derechos territoriales indígenas. la expresión material de lo primero es la conditio sine
qua non de lo segundo.
la política pública indígena sería, así, el punto de llegada de la materialización de los
derechos territoriales indígenas, pero, a su vez, éstos no podrían articularse sin la construcción
de políticas públicas. Por otra parte, la mayoría de estos derechos están consagrados
como principios en la CRBV y la misma no da pistas suficientes sobre cómo
hacer efectiva su materialización.
de allí que la política pública se convierta en un instrumento para la definición de
los derechos territoriales indígenas y, fundamentalmente, para su concreción. En este
sentido, los derechos territoriales indígenas incluirían la puesta en práctica de un catálogo
de derechos (como el derecho a la propiedad intelectual colectiva y el derecho al
uso y goce de los recursos naturales dentro de su hábitat). Éstos han de ser materializados,
a la vez, mediante políticas públicas. A su vez, los derechos territoriales indígenas
se constituyen en la expresión concreta del principio a la libre determinación tal cual
como ha sido expuesto por expertos en el ámbito de las Naciones unidas, específicamente
dentro del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas y el Mecanismo de
Expertos.