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El ESTAdo ANTE lA SoCIEdAd MulTIÉTNICA Y PluRICulTuRAl
debe asumir sus funciones ejecutando políticas públicas desde los pueblos indígenas, expertos
del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) de la universidad de los
Andes, realizaron un importante estudio sobre el tema en el que destacan que:
“El Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas debe tener como objetivo
lograr la aplicación de la o las política (s) pública (s) hacia los pueblos y comunidades
indígenas en Venezuela, con la realización de dos procesos simultáneos. Uno, específicamente
relacionado con la transversalización de la política, y otro, con el fortalecimiento
del Ministerio como institución del Gobierno, que esté en capacidad de promover y de
dar seguimiento a una nueva política definida desde una agenda indígena en armonía
con un plan de desarrollo integral y sustentable (…) Partiendo de lo anterior, es necesario
hacer un conjunto de consideraciones que nos permitan ir estableciendo el vínculo
entre política pública (indígena), las bases para su configuración (agenda indígena) y la
necesidad de una institución (Ministerio de Pueblos Indígenas) que se adecue a las demandas,
exigencias y necesidades de los pueblos y comunidades indígenas en Venezuela
(…) El Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas deberá ser el espacio
para el cabildeo y la concertación indígena y de esta forma el terreno para implementar
la transversalidad de las políticas basadas en la diversidad cultural (…) debería ser el
punto de contacto o el vaso comunicante entre la base indígena y el Estado venezolano
(…). El Ministerio del Poder Popular para Pueblos Indígenas es una necesidad institucional,
pero también sobre todo una necesidad para articular las demandas de los
pueblos y comunidades indígenas en Venezuela.” 7
las competencias del Ministerio Indígena establecidas en el decreto sobre organización y
Funcionamiento de la Administración Pública y las atribuciones específicas de los viceministerios
organizados por zonas geográficas (estructura operativa), hacen referencia expresa
al desarrollo de políticas públicas tendientes a implementar los derechos colectivos de los
pueblos indígenas reconocidos en la Constitución, de acuerdo a las demandas y exigencias
de los pueblos indígenas; esto es, la participación y el protagonismo comunitario, el desarrollo
integral (etnodesarrollo), la preservación de la identidad cultural, el ejercicio de la
rectoría en materia indígena, la documentación y difusión del registro sobre demarcación
de hábitats y tierras indígenas, la tramitación de permisos relativos al ingreso en hábitats y
tierras indígenas para ejecución de proyectos de investigación, la promoción del derecho
a la consulta previa en los asuntos locales que los afecten, la promoción de programas de
formación intercultural y bilingüe, el fomento de la corresponsabilidad en el manejo del
ambiente y los recursos naturales, la vigilancia sobre el acceso a servicios sociales como
educación, salud, vivienda y trabajo, el fortalecimiento de las autoridades legítimas y en general
la superación de la exclusión social a la que han estado sometidos. Esto evidencia que
al menos en términos normativos y estructurales, las competencias, atribuciones y objetivos
estratégicos a desarrollar por esta instancia del Estado, son adecuadas a las exigencias de
políticas públicas concertadas según las principales demandas indígenas.
Sin embargo, una revisión de los informes de gestión del Ministerio para los Pueblos
Indígenas permite observar que sus principales políticas están orientadas a conseguir los
objetivos estratégicos contenidos en las “líneas Generales del Plan de desarrollo Económico
y Social de la Nación 2007-2013 - Proyecto Nacional Simón Bolívar.” Según el