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El ESTAdo ESTAdo ANTE lA SoCIEdAd SoCIEdAd MulTIÉTNICA Y PluRICulTuRAl
mente con otras instituciones a partir del mes de noviembre de 2004, la llamada “Operación
Yapacana 2004” que tuvo un importante impacto en términos de control de la
actividad minera ilegal en la zona y desalojo de mineros, debido a que la acción tuvo un
carácter bastante permanente en el área y se ejecutaron acciones vinculadas a frenar los
aspectos logísticos y suministro de insumos en la zona.
Hay otras regiones del país con prominente actividad minera como varias zonas del
Estado Bolívar, y la explotación minera del carbón en la Sierra de Perijá en el Estado Zulia.
En el estado Bolívar, si bien existen concesiones mineras autorizadas por el Gobierno
a partir del año 1997, la situación de los pequeños mineros cambió, ya que con la promulgación
del decreto Nº 2039, se declara ilegal toda actividad minera bajo el régimen
de “libre aprovechamiento”. Igualmente, para el año 2006, vistas las graves consecuencias
ambientales en las cuencas de los principales ríos de la entidad, el Gobierno Nacional
mediante el decreto Nº 4633, declaró la llamada reconversión minera, la cual promueve
el abandono de la actividad ilegal por parte de los mineros a cambio de diferentes tipos
de ayuda económica. Al respecto es importante la opinión del Presidente de la Federación
Indígena del Estado Bolívar, quien además de hacer un análisis sobre la reconversión
minera, señala cuales son los ejes de la pequeña minería ilegal y las graves consecuencias
para los pueblos indígenas:
“Sin embargo, la reconversión no arrojó los resultados esperados. Por un lado, sólo se
pudo indemnizar a un pequeño sector de mineros, remitiendo al MINAM las quejas
de los otros sectores de mineros a los cuales no les llegó el pago, incluyendo algunos
indígenas. Como consecuencia de los fracasos de la reconversión, se han venido multiplicando
a diario las actividades extractivas en los hábitats y tierras de los pueblos y
comunidades indígenas, llegando a afectar no sólo el curso de los ríos, sino las tierras,
provocando así grandes contaminaciones, daños y devastaciones al medio ambiente
(…). La Corporación Venezolana de Guayana, año 2006, estima en 50.000 mineros,
aproximadamente 25 % extranjeros (…). Ejes de la pequeña minería (…). Eje
1, Santa Elena de Uairén-Ikabarú; Eje 2, La Paragua-Alto Caroní; Eje 3, Upata-
Kilómetro 88 (…) No se han observado suficientes mecanismos de control y regulación
por parte de la Armada, Guardia nacional, el TO5 (Ejército) (…). Resultados:
devastación de las tierras o hábitat indígenas; destrucción y contaminación del medio
ambiente, impacto cultural, social, económico, entre otros; proliferación de enfermedades
contagiosas (…)” 90
durante el año 2010, se hicieron públicas denuncias de explotación ilegal del mineral denominado
“Coltán”, al suroeste del estado Bolívar y norte del estado Amazonas con fuerte impacto ambiental
y presencia de actividades ilegales en la zona. Como se ha informado, el coltán tiene alto
valor estratégico a nivel internacional, debido a que es bastante escaso y porque está asociado a
los insumos para la industria electrónica, informática, militar y médica. A través de varios medios
de comunicación se informó de la presión trasnacional, ya que “(…) la preocupación de las multinacionales
por controlar las fuentes de coltán data de 2001, cuando expertos de la ONU demostraron
que en la República Democrática del Congo su comercio ilegal financió guerras tribales que han causado
5 millones de muertos (…) En el 2010 el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 1952 que insta a
sus miembros a exigir que se certifique el origen del coltán que adquieran (…)” 91