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CAPÍTulo 2 • loS IdIoMAS INdÍGENAS oFICIAlES I 33
tico, las leyes descritas proveen una base suficientemente flexible desde la cual trabajar
para intentar revertir o desacelerar la homogeneización lingüística e implementar, al
menos experimental o parcialmente, un sistema de educación intercultural bilingüe
consensuado con las comunidades.
Sin embargo, en la década transcurrida no se ha apreciado plan alguno, ninguna acción
concreta y sostenida de envergadura, dirigida a cumplir el ordenamiento jurídico
atinente a los idiomas indígenas. Éste, simplemente, no se ha implementado. Podría
especularse que ha faltado voluntad política, que la gravedad del problema pasa desapercibida,
que el liderazgo oficial indígena no ha reclamado el incumplimiento con
la vehemencia necesaria, que la protección de las lenguas autóctonas no constituye
una prioridad política o tan siquiera un objetivo importante, o todas estas cosas a la
vez.
Pero es innegable que en lugar de la esperada implementación de las normas vigentes
lo que se observa es una praxis institucional (por comisión u omisión) asimilacionista,
homogeneizante y paternalista, a través de la introducción en las comunidades
de modelos organizativos socioeconómicos, educativos y productivos foráneos
e incompatibles con el mantenimiento de la socio-diversidad radical (en su acepción
primaria). de modo que en un Estado que se definió así mismo por voluntad popular
como pluricultural y multilingüe, la asimilación de las minorías étnicas se acelera bajo
nuevos visos y discursos en detrimento de sus lenguas y modelos societarios originales.
Frenar esta tendencia asimilacionista precisa superar la visión folclórica, superficial y
escenográfica de la diversidad cultural y entender ésta como subjetivad alterna, como
un modo de ser, de pensar y de estar en el mundo distinto al nuestro, el cual no es
necesariamente compartido o deseado. Requiere además de voluntad política y de un
liderazgo visionario en comunión con las bases indígenas.
Requiere asimismo, asegurar la viabilidad, el bienestar, la autonomía social y la
relativa autosuficiencia de las comunidades indígenas en sus hábitats originales, condiciones
éstas que a su vez propiciarían un cambio favorable en la ecología actual del
contacto lingüístico. Ello requiere políticas de Estado concertadas, duraderas e implementadas
sistemáticamente -lo que pudiéramos llamar un plan maestro- para proteger
efectivamente a los idiomas comunales y asegurarles un futuro como sistemas vivos de
conocimiento y comunicación en el seno de la sociedad mayoritaria. Este plan, que en
el fondo llama a reestructurar las relaciones sociales, pudiera parecer un camino largo y
difícil (además de voto pío) pero es congruente con el hecho de que las lenguas reflejan
las historias sociolingüísticas de sus hablantes así como la evolución de las sociedades
humanas. de allí que contener el reemplazo lingüístico en democracia y con apego a
los derechos humanos no es una meta muy susceptible de lograrse declarando el uso
obligatorio de determinados idiomas en contextos específicos o responsabilizando a
sus hablantes de tareas ajenas a sus saberes, competencias y retos, sino una meta que requiere
ante todo modificar las condiciones y las experiencias que favorecen el reemplazo
de una lengua por otra. 24 Esto quiere decir trascender las relaciones de dominación/
superioridad abiertas y encubiertas y la visión asistencialista que imperan en nuestra
sociedad frente a la alteridad indígena.