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CAPÍTulo 9 • loS óRGANoS dEl ESTAdo Y lA PolÍTICA INdÍGENA NACIoNAl I 353
remotas. Esto motivó la intervención de la defensoría del Pueblo en el Estado Amazonas,
en el año 2008, a los efectos de investigar varias situaciones denunciadas relativas
a supuestos abusos de autoridad y violación de derechos humanos en varias comunidades
indígenas, particularmente en algunas comunidades Yanomami del Municipio
Alto orinoco, en la comunidad Hoti de Caño Iguana, Municipio Manapiare y en la
Comunidad Piaroa de Marieta en el mismo Municipio Manapiare. Como parte de su
acción mediadora, la defensoría del Pueblo promovió a nivel central una evaluación
del programa con miembros de varias instituciones públicas, representantes indígenas
y la propia Coordinación del Plan de defensa, desarrollo y Coordinación del Sur. En el
marco de esta actividad la defensoría del Pueblo formuló un conjunto de observaciones
y recomendaciones a los representantes de la Fuerza Armada Nacional responsables
de la dirección del plan, encaminadas sobre todo a detectar los principales problemas
de la relación con las comunidades indígenas y los mecanismos de solución como la
vigilancia y supervisión sobre los funcionarios presentes en los centros cívico-militares.
Por medios de comunicación se ha señalado que:
“La Defensoría del Pueblo propició un encuentro para conocer el Plan Estratégico
para la Defensa, Desarrollo y Consolidación del Sur al cual fueron convocados los
funcionarios y funcionarias de la institución, así como organizaciones y representantes
de pueblos indígenas con el fin de detectar los diversos problemas que aquejan a
las comunidades aborígenes del país. El Gral. Ascanio indicó que uno de los mayores
problemas que enfrentan las comunidades aborígenes es la ausencia de las instituciones
del Estado en el Sur de Venezuela (Apure, Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro y
Esequibo) que tienen la responsabilidad de garantizar los derechos constitucionales a
estos pobladores como salud, educación, alimentos, vivienda, entre otros, acentuado
por la ausencia de una coordinación interinstitucional efectiva. Igualmente señaló la
necesidad de que exista un ente con suficiente capacidad ejecutiva, jurídica y de liderazgo
para poder coordinar el trabajo interministerial y multidisciplinario. A su juicio
el Estado debe tener una presencia eficiente en la región a los fines de que la zona se
convierta realmente en factor de desarrollo y de integración con el resto del país.” 88
3.3. Actividades de minería en territorios indígenas
las actividades minerales ilegales en territorios indígenas y la falta de acción efectiva por
parte del Estado venezolano para controlarlas, hay que ubicarlas en la perspectiva del artículo
127 de la Constitución, el cual reconoce el derecho colectivo a un ambiente sano,
señalando que es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente,
y que toda persona tiene derecho individual y colectivo a disfrutar de una vida y
de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. Por su parte, el artículo 128
constitucional, establece que las políticas de ordenación del territorio del Estado venezolano
deberán responder a las diferentes realidades ecológicas, geográficas, poblacionales,
sociales, culturales, económicas, y políticas, según el desarrollo sustentable y con la
información, consulta y participación ciudadana correspondiente. Esta disposición, es
de particular importancia para los pueblos indígenas, ya que la ordenación del territo-