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El ESTAdo ESTAdo ANTE lA SoCIEdAd SoCIEdAd MulTIÉTNICA Y PluRICulTuRAl
desarrollados en nueve títulos que hacen referencia al reconocimiento general de los derechos
de los pueblos y comunidades indígenas en las disposiciones fundamentales; a
los derechos originarios sobre las tierras y la demarcación del hábitat, al ambiente y los
recursos naturales; a los derechos civiles y políticos; a la educación y cultura propia; a los
derechos sociales; a la economía de los pueblos y comunidades indígenas; a la administración
de justicia; y finalmente al ente ejecutor de la política indígena del país.
6.2. Intentos de reforma de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades
Indígenas
En el marco de la ley habilitante del año 2007 y debido a los pocos avances del proceso de
demarcación de hábitat y tierras indígenas, se plantearon dos proyectos de reforma de la ley
orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (loPCI); uno por parte del Ministerio del
Poder Popular para el Ambiente; y otro por el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos
Indígenas. El proyecto del Ministerio del Ambiente, modificaba sustancialmente
las normas sobre demarcación de tierras establecidas en la LOPCI, restringiendo y
limitando los derechos indígenas, especialmente las posibilidades de extensión territorial
y la regulación de los usos tradicionales, mediante la interpretación restrictiva
de los términos hábitats y tierras (incluyendo sólo los espacios geográficos), tierras
ancestrales y tradicionales; y el reconocimiento expreso y la protección amplia de los
derechos de los terceros no indígenas ocupantes de sus territorios. los técnicos del
Ministerio del Ambiente, con una argumentación solapada vinculada a posibles conceptos
imprecisos de los términos hábitat y tierras, pretendían restringir abiertamente los derechos
constitucionales y legales indígenas señalando que ameritaban ser revisados.
Al respecto, la justificación de la propuesta de reforma del capítulo IV relativo al procedimiento
para la demarcación, indicaba que la demarcación de tierras indígenas y la
demarcación de hábitat indígenas son dos realidades articuladas pero diferentes y específicas,
obviando que para los pueblos y comunidades indígenas no hay diferencias. En el
fondo la preocupación real del Ministerio del Ambiente, en abierta actitud contraria
a los derechos constitucionales indígenas, era evitar la demarcación de “grandes
extensiones de territoriales”, tal como se expresa en el documento citado. 31 Esto
explica que el Ministerio del Ambiente durante los primeros años del proceso, a través de
la Comisión Nacional de demarcación, dio prioridad a expedientes y titulaciones vinculadas
con comunidades individuales, al más puro estilo de la vieja ley de Reforma Agraria
de la IV República, que garantizaba el reconocimiento de extensiones territoriales o lotes
de terrenos “aceptables” en zonas particulares de los estados de Anzoátegui y Apure.
Por su parte, el proyecto del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas,
desde una visión personal de la Ministra, modificaba los términos demarcación de “hábitat”
y “tierras indígenas” (términos usados por la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela) por la titulación de “territorios comunales”, al margen de lo dispuesto
por el texto constitucional, trasladando la rectoría del proceso nacional de demarcación
del Ministerio del Ambiente al Ministerio para los Pueblos Indígenas, como una forma de
control político sobre los territorios indígenas. En resumen, la propuesta de la Ministra de