Descargar (pdf) - iwgia

270 I
El ESTAdo ESTAdo ANTE lA SoCIEdAd SoCIEdAd MulTIÉTNICA Y PluRICulTuRAl
JIMAI MoNTIEl CAllES 1
Jurisdicción especial indígena
Defensa pública y casos especiales
1. Inicios del reconocimiento constitucional de la Jurisdicción
Especial Indígena
la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela aprobada en el año 1999 reconoció
entre otros, un aspecto polémico y debatido como lo es la diversidad cultural. En el
capitulo referido al Poder Judicial y el Sistema de Justicia, en el artículo 260, se establece
que: “Las autoridades legítimas de los pueblos indígenas podrán aplicar en su hábitat instancias
de justicia con base en sus tradiciones ancestrales y que sólo afecten a sus integrantes, según
sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a esta Constitución, a la
ley y al orden público. La ley determinará la forma de coordinación de esta jurisdicción especial
con el sistema judicial nacional.” Este reconocimiento implicaba una serie de problemas
teóricos y prácticos planteados por la “coexistencia de grupos humanos con diversas culturas
en el territorio de un mismo Estado” 2 y estos problemas se acentuaban en Venezuela por
la ausencia de experiencia jurisprudencial referida al reconocimiento de la jurisdicción
especial indígena anterior a la Constitución vigente.
Por lo tanto los primeros avances que se dieron para que los operadores de justicia
comenzaran a asumir esta competencia especial de resolución de conflictos, distinta al
sistema formal hasta ese momento y que se otorgaba por mandato expreso a las autoridades
de los pueblos indígenas, fueron los relativos a crear espacios en algunas instituciones
del poder judicial venezolano que ocuparían los mismos profesionales indígenas y no
indígenas con conocimiento del tema. la finalidad de esto era abonar el terreno para que
la gran mayoría de los operadores de justicia no indígenas intercambiaran opiniones jurídicas
y experiencias sobre este tema tan particular, polémico y novedoso e incorporarlo
en el mapa mental de estos profesionales, para que se aplicara la experiencia judicial en
los casos concretos. lo mismo se hizo en otras instituciones públicas del país, todo ello
alentado por legisladores indígenas y dirigentes políticos aliados con estas causas, que se
fundamentaron en la importancia de la presencia de estos en todas las instituciones públicas.
Como lo dice Will Kimlicka: “Los derechos especiales de representación para un grupo
dentro de las instituciones políticas del conjunto de la sociedad hacen menos probable que una
minoría nacional o étnica sea ignorada en decisiones que afectan globalmente al país.” 3
En el primero de los casos fue una penetración de funcionarios indígenas al sistema
de justicia formal, más no un reconocimiento por parte de los operadores de justicia de
esta jurisdicción especial, ya que esta era vista como un avance significativo para estos
pueblos, pero muy poco probable de aplicación en la realidad aún para esos primeros