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CAPÍTulo 3 • El RECoNoCIMIENTo CoNSTITuCIoNAl dE lA EXISTENCIA dE loS PuEBloS Y CoMuNIdAdES INdÍGENAS I 39
pación de los pueblos indígenas, demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva
de su hábitat y tierras. En consecuencia, la demarcación no es una simple concesión que
hace el Estado venezolano a los pueblos indígenas sino un mandato constitucional que
debe ser realizado con los propios pueblos indígenas y sus comunidades. Este principio es
complementado por la disposición transitoria decimosegunda en la cual se establece que
la demarcación del hábitat indígena se realizará dentro del lapso de dos años contados a
partir de su entrada en vigencia. de estas dos disposiciones se desprende, que la demarcación
es sobre la totalidad del espacio donde se realiza la vida de los pueblos indígenas (el
hábitat y las tierras) y no sobre uno de los dos aspectos particulares. lo que queda claro
en términos constitucionales es que la demarcación debe ser realizada por el Gobierno
Nacional (obligación constitucional) con la participación directa de los pueblos indígenas
y sus organizaciones (principio de demarcación participativa), y sobre la totalidad del
espacio ocupado. En este sentido la demarcación participativa, es la realización conjunta
y corresponsable del proceso de demarcación entre el Ejecutivo nacional y los pueblos
indígenas, la cual se configura como verdadero derecho constitucional para los pueblos y
comunidades indígenas.
3. Los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas en las leyes
nacionales
después que entró en vigencia la Constitución de 1999, la Asamblea Nacional de la República
Bolivariana de Venezuela, ha aprobado dos leyes que desarrollan los principios
constitucionales relativos a los derechos originarios sobre las tierras de los pueblos y comunidades
indígenas y el proceso de demarcación de su hábitat y tierras. En el año 2001,
fue aprobada la ley de demarcación y Garantía del Hábitat y las Tierras de los Pueblos
Indígenas; y en el año 2005, la ley orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas. Ambos
instrumentos legales establecen de manera detallada las normas sustantivas y adjetivas
para garantizar de forma amplia y efectiva los derechos territoriales constitucionales
reconocidos a los pueblos indígenas.
3.1. Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos
Indígenas
En cumplimiento del mandato constitucional contenido en el artículo 119, la Asamblea
Nacional sancionó la ley de demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos
Indígenas (ley de demarcación), publicada en la Gaceta oficial 37.118 del 12 de enero
de 2001. En términos generales, la ley de demarcación, pretende desarrollar y regular
sustantivamente el proceso de demarcación del hábitat y las tierras indígenas establecido
en el artículo 119 de la Constitución, y en la disposición transitoria décima segunda,
creando las estructuras administrativas que posibilitan la implementación material de la
demarcación y definiendo los criterios generales para ejecutarla. la ley comienza señalando
que la misma tiene por objeto regular la formulación, coordinación y ejecución de