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CAPÍTulo 8 • dESARRollo dE lA JuRISdICCIóN ESPECIAl dE loS PuEBloS INdÍGENAS I 267
consuetudinario indígena en la aplicación de las normas procesales penales, mediante la
interpretación intercultural de los principios constitucionales.
Como recomendación, estimamos que la máxima instancia del Poder Judicial de
cada país debe implementar mecanismos reales para garantizar los derechos de los indígenas
dentro de los procesos judiciales, en especial:
a) designar varios abogados indígenas, dependiente de los grupos étnicos de cada
región, como defensores públicos de presos, que puedan garantizar una defensa
técnica efectiva, dado el hecho de poder conocer sus valores culturales así como
su riqueza lingüística.
b) designar uno o varios intérpretes de lenguas indígenas, como conocedores auténticos
de estas culturas, para que los asistan en los distintos procesos penales,
civiles o administrativos.
c) Considerar que en aquellos casos criminales graves donde se encuentren involucrados
indígenas no integrados, deben incorporarse indígenas escabinos para
formar parte del Tribunal Mixto, y asimismo contar con un equipo multidisciplinario
para que realice el correspondiente informe socioantropológico del
indígena procesado.
d) Crear centros y establecimientos especiales para indígenas condenados en la
jurisdicción ordinaria, que se encuentren localizados cerca de su pueblo o comunidad
indígena y de su familia, a los fines de garantizar su identidad cultural
y reinsertarlos en sus mismos espacios medio-ambientales.
Por último, se debe recordar que el Estado venezolano, mediante el compromiso que ha
adquirido con la ratificación del Convenio 169 de la oIT, debe instaurar programas de
formación y capacitación en multiculturalidad, multilingüismo y derechos indígenas para
traductores, médicos forenses, defensores públicos, abogados, funcionarios del Ministerio
Público y, en general, a todos los empleados públicos que intervengan en procesos
administrativos o judiciales referidos a indígenas. En este sentido, las universidades públicas
y privadas de cada país están llamadas a abrir espacios de discusión sobre la difusión,
protección viable y efectiva de los derechos de los pobladores originarios del país.
Notas
1. Ricardo Colmenares olivar es abogado, profesor titular
de la universidad del Zulia y Juez Superior Titular
( Jubilado) de la Corte de Apelaciones del Estado Zulia.
Es abogado defensor de los indígenas Yukpa de la
Sierra de Perijá en el caso Sabino Romero.
2 . De Sousa Santos, Boaventura, 1997: una concepción
Multicultural de los derechos Humanos. En Revista
Memoria. Nº 101. México. P. 170.
3 . Yrigoyen Fajardo, Raquel. 1999: Pautas de Coordinación
entre el Derecho Indígena y el Derecho Estatal.
Guatemala. Fundación Myrrna Mack. P. 11-12.
4 . Iturralde, Diego. 1991: Naciones Indígenas y
Estados Nacionales en América latina hacia el año
2000. En Etnia y Nación en América Latina. Méxi-
co, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
P.133.
5. Binder, Alberto, 2001: Entre la Democracia y la exclusión:
la lucha por la legalidad en una sociedad desigual.
Buenos Aires. Ediciones INECIP. En: www.derechoysociedad.org
6. Yrigoyen Fajardo, Raquel. 1999:ob. cit. P. 40.
7. Publicada en Gaceta oficial Nº 12.562, de fecha 16
de junio de 1915.
8. Armellada, F. Cesáreo de. 1977: Fuero Indígena
Venezolano. Caracas, universidad Católica Andrés
Bello. P. 214.
9. Colmenares Olívar, Ricardo. 2005: El derecho
consuetudinario indígena en Venezuela: Balance y