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CAPÍTulo 8 • dESARRollo dE lA JuRISdICCIóN ESPECIAl dE loS PuEBloS INdÍGENAS I 237
con el altísimo sentido moral que el caso requiere, el grado de responsabilidad que pudiera presumirse
en el indígena delincuente no civilizado y aplicarle las sanciones que estime adecuadas,
ya que sería inadmisible que un ser en estado primitivo fuese sometido a la jurisdicción penal
ordinaria.” 10
El artículo constitucional 260 guarda íntima relación con los derechos que garantizan
la organización política y social de dichos pueblos, culturas, usos y costumbres, tradiciones,
cosmovisión, idiomas, religiones y valores, así como la protección a la identidad
étnica y cultural reconocidos en los artículos 119 y 121 del capítulo VIII denominado
“de los derechos de los Pueblos Indígenas”, inserto en el Título III de la Carta Magna
relativo a los derechos humanos.
Nótese además que se trata de una jurisdicción especial autónoma en sentido estricto,
que se encuentra inserta dentro del Capítulo III del Título V, relativo al Poder Judicial
y al Sistema de Justicia Nacional -al igual que la jurisdicción militar y la justicia de paz-,
pero que no forma parte propiamente del sistema judicial, el cual está conformado por el
Tribunal Supremo de Justicia y los demás tribunales de la República, sino simplemente
al sistema de justicia, entendido éste como un todo mucho más amplio. A este respecto
conviene traer a colación la sentencia N° 1.321 dictada en fecha 27 de junio de 2007 por
la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la cual se intenta aclarar toda
esta macro estructura:
“el sistema de justicia se encuentra consagrado por una multiplicidad de ciudadanos y órganos
que garantizan el sistema de administración de justicia, el cual no es exclusivo de
los órganos jurisdiccionales y que aseguran su funcionamiento, en virtud de que el concepto
de justicia abarca un espectro mucho más amplio que el sistema judicial, todo ello,
en virtud de que la justicia no puede concebirse como un concepto único y apropiable, por
cuanto ésta es perteneciente a todos las personas, siempre y cuando no contradigan el ordenamiento
jurídico, ésta -justicia- se encuentra en todas partes, cualquier ciudadano puede
ser justo y aplicar justicia en su propio entorno, siempre y cuando no perturbe el orden
público. (…) En atención a ello, se destaca que sólo en la justicia de paz, en los medios
alternativos y en los juzgamientos realizados por las comunidades indígenas (artículos 258
y 260 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), que forman parte del
sistema de justicia, mas no del Poder Judicial, nos encontramos en presencia del sistema de
justicia en su amplio espectro del cual forma parte el sistema judicial, aunado a los demás
integrantes establecidos en el artículo 253 eiusdem”.
Siguiendo el criterio de la sentencia citada, se reconoce que dentro del sistema de justicia
venezolano se integra la jurisdicción indígena, que debe ser entendida como una forma
alternativa del ejercicio de la jurisdicción, autónoma e independiente, pudiendo impartir
justicia dentro de su ámbito competencial siguiendo las disposiciones constitucionales y
legales respectivas.
En el acto de apertura del año judicial en el estado Amazonas realizado el día 18 de
marzo de 2009, el magistrado Eladio Aponte A., de la Sala Penal del Máximo Tribunal de
la República, intentó hacer una diferencia entre jurisdicción y competencia, para determinar
qué era lo que realmente se le había atribuido a las autoridades indígenas, aun cuando
resultó un tanto confusa: