02-Descentralizada - 2007.indd - Contraloría General de la República

Administración Nacional DescentralizadaSector Serviciosperjuicio de lo dispuesto en las leyes y los reglamentos,se prohíbe a los funcionarios o funcionarias públicos: 3)Intervenir directa o indirectamente en las gestiones querealicen personas naturales o jurídicas, públicas o privadas,que pretendan celebrar cualquier contrato con la República,los estados, los municipios y demás personas jurídicas dederecho público o de derecho privado estatales”. La situacióndescrita vulnera los principios de objetividad, imparcialidad,honestidad, transparencia, buena fe y confianza,que deben imperar en todas las actividades que realizan lasinstituciones que conforman el sector público nacional.Del examen realizado a los pagos efectuados se determinóque, el monto alcanzado por los dos (2) contratos suscritosfue de Bs. 480,00 millones, de los cuales a la fecha de laúltima orden de pago (16-06-2006), se habían cancelado Bs.304,00 millones. En este sentido, de la revisión efectuada alos dos (2) contratos señalados se determinó que en uno delos contratos, que durante el ejercicio fiscal 2005 se canceló,al CEJ la cantidad de Bs. 60,80 millones, previó a la suscripciónformal del contrato de servicios correspondiente.Sobre este aspecto, se observa que, en la medida en queel Fondo no haya manifestado formalmente su voluntad yconsentimiento, no se debe presumir la existencia de uncompromiso financiero, es decir, no se puede realizar imputacióncon cargo a alguna de las partidas que conforman elpresupuesto de gastos del organismo, al respecto el artículo54 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica deAdministración Financiera del Sector Público (LOAFSP),Gaceta Oficial N° 38.198 del 31-05-2005, en concordanciacon el artículo 60 de la Reforma Parcial del ReglamentoN° 1 de dicha Ley, sobre el Sistema Presupuestario (GacetaOficial N° 5.592 del 27-06-2002), señala lo siguiente, “Ningúnpago puede ser ordenado sino para pagar obligacionesvalidamente contraídas y causadas”. Asimismo, las NGCI,en su artículo 3, literal b, prevén que, el sistema de controlinterno de cada organismo o entidad debe estar orientadoentre otras a garantizar la exactitud, cabalidad, veracidad yoportunidad de la información presupuestaria, financiera,administrativa y técnica, así mismo el artículo 30 de lasprecitadas normas indica, como soporte de los sistemasy mecanismos de control interno se debe implementar ymantener un sistema de comunicación y coordinación queprovea información relativa a las operaciones, confiable,oportuna, actualizada y acorde a las necesidades de los organismos.La situación expuesta evidencia que se efectuaronpagos sin contar con un documento formal que avalarael compromiso adquirido y en consecuencia la erogaciónrealizada. Tal proceder va en detrimento de los interesesde FONDAFA, por cuanto no existe la obligación formal porparte de la empresa consultora de responder por el objetopara el cual fue contratado, lo que podría ocasionar quese cancelen compromisos sin que exista un documentoformal que de origen a su cancelación, con el consiguienteperjuicio al patrimonio de la entidad.ConclusionesDe la evaluación practicada a la sinceridad y legalidaddel proceso de contratación del personal para presta susservicios en FONDAFA, se observa que el Presidente no fuediligente en el uso del Patrimonio Público, por cuantola contratación de personal y de servicios jurídicos fuerealizada al margen de las disposiciones contenidas en lasNormas que regulan la materia.En cuanto a los contratos de servicios jurídicos, estosno cumplieron con el registro del Sistema Presupuestarioconsagrado en la LOAFSP y su Reglamento Nº 1, alevidenciarse que se cancelaron compromisos sin que lasobligaciones estuvieran validamente contraídas y causadas,al determinarse pagos sin que previamente se suscribieraformalmente el referido contrato de asesoría, las acciones ypagos ejecutados en relación con estos servicios, antes de laformalización del contrato, se encuentra al margen del Principiode Legalidad contemplado en el marco jurídico que regulael funcionamiento de la Administración Pública.RecomendacionesLa Junta Directiva del Fondo deberá:• Diseñar políticas formales, amplias y dinámicas relacionadascon la contratación de personal, así como loslineamientos establecidos en las disposiciones legalespertinentes; que regulen las actividades, procesos yfunciones que se acometen, a fin asegurar la calidad yconsistencia de las labores realizadas y establecer unaclara delimitación en la responsabilidad y funciones221