02-Descentralizada - 2007.indd - Contraloría General de la República

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007las modalidades de inversión directa y de administracióndelegada para la comunidad organizada debidamente constituida.(…)”. De igual manera, el artículo 55 de las referidasNormas dispone que “Los recursos destinados a todos losprogramas antes referidos, serán utilizados mediante lossiguientes tipos de fideicomisos de administración: (Omissis)2. Fideicomisos para la administración delegada a lacomunidad organizada, en cuyo caso el ejecutor público hadelegado en una comunidad organizada la contratación deservicios de obras (…)”. Sin embargo, el citado Programa II,de conformidad con el artículo 17 de la Ley que Regula elSubsistema de Vivienda y Política Habitacional, fue consideradocomo un Programa no Reproductivo, entendiéndosecomo tal, aquellos que no exigen una contraprestacióneconómica por parte del beneficiario de la asistencia habitacional.En consecuencia, el CONAVI promovió la entrega defondos públicos (Bs. 4.237,84 millones), para la ejecucióndel proyecto previsto en el referido Convenio a un grupode profesionales asociados en forma particular, no obstanteque la normativa vigente para la fecha de la actuación, prevéla administración delegada para la comunidad organizadadebidamente constituida, con fundamento en los programasreproductivos antes citados.El CONAVI no designó al inspector que debía encargarsedel seguimiento y control del citado Convenio, no obstantelo previsto en la cláusula quinta del mismo, debido a quela Dirección General de Vivienda y Hábitat del CONAVI noentregó los lineamientos a seguir para la contratación de lainspección. Situación que evidencia la falta de una efectivasupervisión por parte del CONAVI para la cabal ejecucióndel referido Convenio, en detrimento del patrimonio delEstado, en razón de que no ejerció las medidas necesariaspara garantizar que los recursos que le fueron asignados parala ejecución de las actividades previstas en el Convenio,fueran utilizados correctamente, toda vez que no creó losdispositivos de control que permitiera salvaguardar losdineros transferidos al fondo fideicometido, sin cumplir elfin último previsto en la normativa vigente y en la CartaMagna.De la muestra seleccionada de las órdenes de pago emitidaspor el CONAVI, por Bs. 79,73 millones, equivalente a58,53% del total, Bs. 136,22 millones, se evidenció queno están conformadas por los funcionarios autorizadospor el fideicomitente (CONAVI), para dar curso a los pagosrespectivos, no obstante lo establecido en el ParágrafoPrimero de la cláusula quinta y décima del contrato defideicomiso de administración, las cuales establecen que“El fiduciario pagará al beneficiario con cargo al fondofiduciario las cantidades correspondientes a las órdenes depago presentadas por el mismo, previamente registradas yconformadas por el fideicomitente”, y en cuanto a las obligacionesdel fideicomitente: “(…) 3. Presentar al Fiduciario:a) oficio que contenga los nombres de las personas paravalidar las órdenes de pago, relacionadas con la ejecucióndel Plan Maestro y su presupuesto”, respectivamente. Esdecir, el CONAVI no ejerció un control adecuado sobre laserogaciones realizadas con cargo al Convenio, en virtudque no cumplió con los niveles autorizatorios correspondientes,no obstante la obligación de la inspección general,supervisión, seguimiento y evaluación de los trabajos ylas actividades previstas en el instrumento contractual, endetrimento de su patrimonio.No se evidenció la inscripción ante el Registro Mercantildel contrato de fideicomiso, no obstante lo previsto en elartículo 62 de la Ley General de Bancos y Otras InstitucionesFinancieras (Gaceta Oficial Nº 5.555 Extraordinariode fecha 13-11-2001), donde se establece que: “Todos loscontratos de fideicomiso deben estar debidamente inscritosen el Registro Mercantil correspondiente. Adicionalmentelos contratos de fideicomisos mediante los cuales setransfiera al fondo fiduciario bienes inmuebles o derechossobre éstos, así como la revocatorias o reformas de losmismos, deberán protocolizarse en la Oficina u OficinasSubalternas del Registro respectivas”. De igual manera,el artículo 1.924 del Código Civil Venezolano (GacetaOficial Nº 2.990 Extraordinario de fecha 26-07-82), el cualreza que: “Los documentos, actos y sentencias que la leysujeta a las formalidades del registro y que no hayan sidoanteriormente registrados no tienen ningún efecto contraterceros, que por cualquier título, hayan adquirido y conservadolegalmente derechos sobre el inmueble. Cuando laley exige un título registrado para hacer valer un derecho,no puede suplirse aquél con otra clase de prueba, salvodisposiciones especiales”, es decir, que el Estado a travésdel CONAVI, no garantizó la preservación de sus derechos194