02-Descentralizada - 2007.indd - Contraloría General de la República

Administración Nacional DescentralizadaSector del Desarrollo Socialción, rehabilitación, defensa y salvaguarda y consolidaciónde las obras declaradas monumentos históricos nacionales,las cuales eran situaciones previsibles por el IPC, éstas nopodrían ser utilizadas para obviar los procesos licitatoriosprevistos en la Ley de Licitaciones, y así proceder a la adjudicacióndirecta de contrataciones de obras y servicios, sinconsiderar las normas legales que persiguen como propósitola mejor selección de las adquisiciones y contrataciones, a travésde un proceso de amplia competencia y de la manera mástransparente, lo cual tiende a lograrse mediante la ejecuciónde los procesos licitatorios que corresponde aplicar, condiciónque afecta la transparencia de la operación a los efectosde obtener las mejores condiciones técnicas y económicas,así como la oferta más ventajosa para las contratacionesque efectuó el IPC, aunado a que se observó que la máximaautoridad del IPC, sustentó la adjudicación directa a talescontrataciones en una normativa derogada que no excluyea las asociaciones cooperativas del proceso licitatorio respectivoy fundamentando la premura de la restauración delcuartel con una situación de emergencia que era previsiblepor el IPC. Conviene acotar además, que de la inspecciónrealizada por este Organismo Contralor, se evidenció que nohubo restauración, vale decir, que las actividades realizadasno estuvieron dirigidas a preservar para el futuro ese bien deun valor histórico incalculable, devolviéndole la eficienciay originalidad que tuvo en su momento, contrariamente seobservó la destrucción del carácter histórico y originario quetenía. Por lo antes expuesto, la urgencia en la ejecución delos trabajos de restauración, no debe confundirse con unasituación de emergencia, menos aún cuando los trabajosdirigidos a los estudios y obras preliminares de conservacióndatan del año 1996.Los hechos anteriormente descritos, tienen su origen enque la máxima autoridad del IPC no ha establecido medidaseficientes de control, que le permitan asegurarse de laestricta aplicación de la normativa dictada al efecto, dadoque no fue sometida la contratación de las obras y serviciosque implicaban la restauración del Cuartel San Carlos en suconjunto al proceso de licitación respectivo, sino que por elcontrario, se procedió a adjudicar directamente la mayoríade las contrataciones a asociaciones cooperativas, sin considerarque éstas no eran especialistas en restauración, niposeían experiencia en trabajos anteriores relacionados conesta especialidad, y fundamentando el acto motivado en losartículos 1, 2, y en el numeral 2 del artículo 3 del DecretoN° 2.847 del 09-03-2004, en el cual se dictan las “MedidasTemporales para el Establecimiento de Categorías y Montosde Contratos Reservados para las Asociaciones Cooperativas”,así como a la urgencia en la ejecución de los trabajosde restauración para la entrega del cuartel. Lo que trajocomo consecuencia, que no se realizara una convocatoriapública que permitiera la participación de diversos oferentes,para que el instituto procediera a escoger la ofertamás conveniente, que garantizara la efectiva restauracióny preservación de dicho Monumento Histórico Nacional,situación que no se ajusta a los principios de transparencia,honestidad, competencia y publicidad que debe observarseen la selección de contratistas.De la revisión efectuada a la documentación soporte delas contrataciones realizadas con las asociaciones cooperativas,se observó que los actos motivados que sustentan lacontratación de trabajos para la ejecución de pisos, frisos,pintura, construcción de la calzada, de las vías de acceso,rehabilitación de áreas, obras varias de carpintería, herrería,albañilería, drenajes, demoliciones y acometidas eléctricas,entre otros, fueron firmados por diferentes instancias, a saber:por la empresa contratada para llevar la Gerencia Técnicade Obras, por la Coordinación de Contrataciones y por laUnidad de Procesos. Sin embargo, el Reglamento Parcial delDecreto de Reforma Parcial de la Ley de Licitaciones, TítuloII De la Adjudicación Directa, en el artículo 29 prevé que launidad del ente contratante que se encargue de efectuar lascompras o contratación, justificará la selección del oferenteadjudicatario mediante acto motivado. Teniendo en cuenta loestablecido en la normativa antes citada, además de que enel IPC no existen manuales que contengan las atribucionesconferidas a cada una de las dependencias del instituto y deque una de las instancias que firmó actos motivados fue laempresa contratada por el IPC llevar la Gerencia Técnica,la cual no es una unidad que pertenezca a la estructura organizativadel ente, podemos indicar que para la emisión dedichos actos motivados no se cumplieron las disposicionesque rigen la materia, en consecuencia el instituto efectuócontrataciones fundamentándose en actos motivados que nose ajustaron a los procedimientos y previsiones contenidasen la Ley de Licitaciones y su reglamento.357