Memoria detallada del - Jefatura de Gabinete de Ministros

dependiente del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.
Colaboración en el proyecto de ley El Hambre más Urgente.
♦ Representación del Ministerio de Economía en la Comisión Nacional Asesora
para la Integración de Personas Discapacitadas.
♦ Diseño del formulario de la encuesta a municipios, relevada en el marco del
Proyecto Gasto del Sector Público Municipal.
♦ Investigación sobre las tarifas sociales de servicios públicos en Argentina y en
otros países de América Latina. Elaboración de un documento interno de
trabajo con la información obtenida.
♦ Investigación sobre la experiencia internacional en bancos de alimentos:
legislación, aplicación y resultados. Elaboración de un documento interno de
trabajo y colaboración en el proyecto de ley Solidagro.
♦ Preparación de un documento sobre la evolución de la situación social y del
Gasto Público Social de la Administración Nacional para la misión del Banco
de Interamericano de Desarrollo relacionada con el Programa Sectorial de
Protección Social.
♦ Asistencia en el diseño y elaboración de un proyecto de inversión en
educación de las provincias financiado por el Banco Mundial.
ANEXO I
Redeterminación de Precios de Contratos de Obras Públicas
La sanción de la Ley N° 21.561 de Emergencia Pública y de Reforma del
Régimen Cambiario y sus modificatorias y reglamentarias y el Decreto N° 214 de
fecha 3 de febrero de 2002 de Reordenamiento del Sistema Financiero y sus
modificatorios, produjeron significativas modificaciones en el escenario económico
de la REPUBLICA ARGENTINA.
Dicha Ley mantuvo derogadas con efecto al 1° de abril de 1991, todas las normas
legales o reglamentarias que establecían o autorizaban la indexación de precios,
actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de
repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o
servicios, aún para los efectos de las relaciones y situaciones jurídicas existentes
al momento de su dictado.
No obstante ello y dadas las características de la emergencia pública declarada
por la Ley N° 25.561, fue necesario proceder a la adecuación de determinadas
disposiciones vigentes en la materia, a fin de permitir el restablecimiento del
equilibrio económico-financiero de los contratos de obras públicas que se
encontraban en ejecución al momento de su sanción, otorgando, además, un
marco de certidumbre a las licitaciones en curso y a las que se efectúen en el
futuro.
El Ministerio de Economía, conjuntamente con la Secretaría de Obras Públicas de
la Presidencia de la Nación, propiciaron el dictado del Decreto N° 1295/2002
reconociendo además de las cuestiones precitadas, la vital importancia de
proceder a la reactivación del sector de la construcción, con el fin de promover un