Memoria detallada del - Jefatura de Gabinete de Ministros

Tipo de
decisión
de ingresos
de gastos
asignación
de recursos
no estatales
control de
cumplimiento
contractual
de
concesionari
os de
servicios
públicos
Decisión corrupta y
efectos
en el patrimonio
público
menores ingresos: el
Estado deja de cobrar
gravámenes o multas
mayores gastos: el
Estado realiza gastos
no debidos
(contrataciones con
sobreprecios o bien
innecesarias,
subsidios que no
cumplen con sus
fines, etc.)
El Estado asigna
ingresos recaudados
a determinados
actores, de modo
compulsivo, con
criterios que los
favorecen
injustificadamente.
Riesgo de demandas
contra el Estado.
El Estado no controla
el cumplimiento del
contrato. Por ejemplo,
admite que el
concesionario realice
inversiones inferiores
a las estipuladas y no
aplica sanciones.
Efectos
sociales
deterioro o
ausencia de
servicios que
cubren
necesidades
sociales básicas
Deterioro de los
servicios
públicos e
infraestructura.
Efectos de mercado Efectos político
institucionales
Las empresas y
organizaciones
beneficiarias obtienen
recursos que mejoran
su posición
competitiva en
general, y en relación
al Estado, en
particular,
reproduciendo
situaciones de
desigualdad.
Distorsión en el
funcionamiento de los
mercados y en las
percepciones de los
agentes.
Captura de cargos
de decisión por
personal afín a
intereses
privados.
Reproducción de
patrones
particularistas de
decisión.
Deterioro de la
confianza pública
y de los
fundamentos de
las decisiones.
Mayor influencia
de grupos de
interés.
En cuanto a los efectos político-institucionales, pueden destacarse varios. La
expectativa de obtener rentas excepcionales promueve que, desde el sector
privado, los eventuales beneficiarios de decisiones corruptas fomenten el acceso
a posiciones de decisión política de personal propio o afín 9 . Además, la
connivencia entre decisores públicos y actores privados tiende a reproducir el
patrón de discrecionalidad, ya sea para sostener en el tiempo un sistema de
beneficios ilegítimos, o bien para mantenerlo oculto 10 . Particularmente, la
9 Esta situación se ha repetido en ámbitos muy diversos. Puede destacarse la permanente presencia de funcionarios
ligados a intereses de obras sociales y de sus proveedores en el INSSJP. También es el caso de uno de los
funcionarios que impulsó la actualización de los subsidios a los concesionarios de corredores viales (ver nota 9), cuyo
anterior empleo había sido como ejecutivo de una de las empresas de uno de los conglomerados beneficiados con la
decisión.
10 Los casos de subsidios a obras sociales detectados en la Administración de Programas Especiales son elocuentes en
este sentido. Por una parte, porque atraviesan diversas gestiones de distinto signo político, cuyo común denominador es
la discrecionalidad, la desarticulación de las instancias de control y la falta de sanciones al incumplimiento. Resulta
destacable que en uno de los desvíos de fondos detectados, el beneficiario de tal desvío fuera un funcionario de la
gestión anterior a la que lo concedió, como así también que los momentos “pico” de otorgamiento de subsidios