Memoria detallada del - Jefatura de Gabinete de Ministros

setenta (3.370) notas enviadas por la Procuración Penitenciaria a otras
instituciones, fundamentalmente al Servicio Penitenciario Federal, se elevó el
número a tres mil seiscientos ochenta y seis (3.686).
También ha aumentado la utilización del máximo recurso con el que cuenta el
organismo, es decir la Recomendación, que representa la última ratio de la
Procuración. Un total de ciento cuarenta y un (141) Recomendaciones fueron
realizadas en el 2002, frente a las ciento catorce (114) del año 2001.
3) POLITICAS Y ACCIONES SUSTANTIVAS:
En este ítem debe destacarse la intervención del Procurador Penitenciario respecto
del traslado de los internos alojados en el Servicio Penitenciario de la Provincia de
Buenos Aires al Servicio Penitenciario Federal.
A partir de esta actuación se logró colaborar con la autoridad máxima del Ministerio
de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos informándole acerca de las graves
consecuencias que podía acarrear un traslado masivo de internos del Servicio
Penitenciario provincial a establecimientos federales.
4) MEJORAS ORGANIZACIONALES:
En este aspecto debe reafirmarse el grado de informatización adquirida a partir de
la utilización de recursos con los que el organismo ya contaba. La crisis económica
impidió que durante el 2002 se pudiera mejorar el soporte técnico del organismo,
pese a lo cual se logró diseñar, gracias al nivel de los recursos humanos, un nuevo
sistema de recepción y manejo de datos que permitió cubrir de mayor eficacia las
tareas encaradas por la institución en defensa de los derechos de los internos.
5) INICIATIVAS ESPECIFICAS:
La utilización de tecnología informática en la comunicación con los establecimientos
penitenciarios ha sido de gran utilidad para reducir algunos costos propios de los
contactos telefónicos e incluso de las visitas de inspección a las Unidades. No
obstante ello resulta fundamental para el organismo poder desarrollar los viajes de
inspección a las Unidades ubicadas en el interior del país, por lo cual los mismos no
se eliminaron sino que se redujeron a lo mínimo indispensable.
Sin perjuicio de ello, el acuerdo de colaboración recíproca suscrito con el defensor
del pueblo de Tucumán ha sido el primer paso tendiente a mejorar las garantías y
los derechos de las personas privadas de libertad disminuyendo al mismo tiempo
los costos que implican los viajes de inspección a las unidades del interior del
país.
Concretamente la Procuración Penitenciaria efectuó un programa de reducción de
costos en las comunicaciones telefónicas que disminuyó los gastos en este
aspecto entre un 30 y un 43 %. Vale la aclaración que el edificio que ocupa la
Procuración es compartido por otros dos organismos del Estado lo cual impidió
hacer ajustes en otras áreas como electricidad.
Por otra parte, también se logró, a partir de gestiones iniciadas por el Procurador
Penitenciario, la instalación de un ascensor que era requerido por la aseguradora
de riesgo de trabajo cubriendo el costo de instalación el consorcio del edificio
teniendo en cuenta los montos de las expensas que eran cobradas al Estado.