Memoria detallada del - Jefatura de Gabinete de Ministros

ajustados por el CER, a fin de preservar hacia el futuro el valor de los
instrumentos utilizados para la cancelación de estas deudas.
Al respecto, y dado lo dispuesto por el artículo 8° de la Ley N° 25.565 de
Presupuesto de la Administración Nacional para el ejercicio 2002 (que establece
que mientras dure el proceso de reestructuración de la deuda pública se entregue
en cancelación de las deudas comprendidas en las normas mencionadas en el
párrafo precedente una serie diferente a la originalmente establecida para ello), el
Decreto N° 1873/02 en su artículo 11 otorga a dichos acreedores la posibilidad de
optar por hacer efectivo el cobro de sus acreencias con posterioridad a la
finalización del proceso de reestructuración citado.
Asimismo, y a fin de armonizar lo establecido en el segundo párrafo del artículo 8°
de la Ley N° 25.565 de Presupuesto de la Administración Nacional para el
ejercicio 2002, con el diferimiento de los pagos que contempla el artículo 6° del
mismo cuerpo legal y las excepciones contenidas en la Resolución del ME N°
73/02 y su modificatoria, por el Decreto N° 1873/02 se determinó continuar
cancelando las acreencias derivadas de la Ley N° 24.411 con un instrumento
similar al originalmente previsto, con las adecuaciones necesarias que
contemplen lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley N° 25.565 de Presupuesto de
la Administración Nacional para el ejercicio 2002.
Por las razones expuestas, y considerando la naturaleza de las deudas derivadas
de la Ley N° 24.130, se dispuso exceptuar a las mismas de lo dispuesto en el
segundo párrafo del mencionado artículo 8° de la Ley N° 25.565, reduciendo el
plazo allí previsto y utilizando para su cancelación la entrega de un instrumento
con vencimiento 3 de septiembre de 2003.
Por otra parte, dentro del “Acuerdo Nación Provincias sobre Relación Financiera”,
ratificado por Ley N° 25.570, y con el fin de llevar a cabo el proceso de
reestructuración de la deuda provincial, con fecha 28/8/2002 se estableció,
mediante el dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1579/2002, que el
Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial asuma las deudas de las distintas
jurisdicciones, siempre que las mismas se comprometan con éste a cumplir con
las obligaciones resultantes del acuerdo y las garanticen con hasta un 15% de la
Coparticipación Federal de Impuestos.
Por este mecanismo, el Gobierno Nacional (artículo 5° del mismo Decreto)
garantiza en forma subsidiaria los servicios de capital e intereses de los Bonos
Garantizados que se emitan al respecto. También, dentro del mismo acuerdo se
han establecido mecanismos de reintegros de los importes abonados a tal efecto,
en el caso de que estas garantías sean efectivamente ejecutadas.
Con respecto a la política de financiamiento, en el año 2003 se apunta a
restablecer las relaciones con los acreedores externos al tener como objetivo
principal la renegociación de los diferimientos mencionados anteriormente. La
misma deberá contemplar tanto los requerimientos de los inversores como las
posibilidades de nuestro país de lograr el crecimiento económico sostenido en el
largo plazo.
En ese contexto, mediante el dictado del Decreto N° 2255/2002 se encomendó al
Ministerio de Economía llevar a cabo un proceso de selección y contratación de