Memoria detallada del - Jefatura de Gabinete de Ministros

En materia de seguridad el gobierno fue claro al evitar el diagnóstico fácil que
afirma que mientras no se resuelvan cuestiones económicas, o cuestiones
sociales no se puede dar garantías. Este es un extremo falaz, tanto como el que
sostiene que las cuestiones sociales no influyen en el aumento de la inseguridad,
que todo se trata de un tema meramente policial. Obviamente las condiciones
socioeconómicas impactan y mucho, pero pese a ello se pueden resolver gran
parte, o una parte importante de los problemas que afecta a la comunidad.
Pero la inseguridad que debíamos enfrentar no era sólo aquella surgida por un
estado de alteraciones del orden público y la paz social pocas veces visto en la
Argentina, existe también una tendencia originada hace más de una década, de
un incremento notorio y constante de los delitos violentos.
En función de lo dicho consideramos, en primer lugar, que el desorden público,
las manifestaciones sociales, las protestas y los cacerolazos, no eran problemas
de seguridad que debían ser resueltos echando mano a la fuerza pública como
único recurso. Es decir, el desorden originado en el conflicto social no puede
resolverse con el Cuerpo de Infantería de la Policía y eso significa que no se
debe criminalizar la protesta social. Por el contrario, creíamos estar frente a
problemas políticos y sociales que se manifestaban –entre otras cosas- en
desórdenes públicos, manifestaciones y demás alteraciones sociales. Entonces, si
la naturaleza del problema es política y social, el expediente idóneo para
resolverlas también lo debe ser. Esa fue una de las primeras decisiones
adoptadas por esta gestión. En este marco, la utilización de la fuerza pública del
Estado, a través de la Policía Federal Argentina, La Gendarmería Nacional y la
Prefectura Naval se orientó no a reprimir sino a prevenir y otorgar seguridad tanto
a los manifestantes como al resto de los ciudadanos, como así también los bienes
materiales.
Como resultado de este abordaje político podemos decir que, ante los miles de
manifestaciones de protesta y demás alteraciones del orden público que debimos
abordar con el concurso de las mencionadas fuerzas de seguridad y policiales, no
debimos lamentar pérdidas irreparables en cuanto a la vida y la integridad física
de los ciudadanos atribuibles al accionar de las fuerzas federales.
En cuanto a la escalada de violencia registrada en los distintos hechos delictivos,
se tomaron una serie de acciones que se iniciaron en la Ciudad de Buenos Aires,
nuestra área de responsabilidad primaria en materia de seguridad pública,
tendientes a poner freno al espiral ascendente, implementando una política de
prevención policial del delito. Así comenzó a aplicarse el Plan de Reducción de
Delitos Violentos, consistente en el despliegue de las Fuerzas Federales en todo
el territorio de la Ciudad de Buenos Aires y sus vías de acceso, a los efectos de
incrementar el riesgo y costo de la actividad criminal, con resultados positivos que
demostraron que, más allá de los condicionantes estructurales que generan el
delito, una política efectiva por parte del Estado puede permitir reducir la violencia.
De manera complementaria con el Plan de Reducción de los Delitos Violentos, se
trabajó en la reformulación de la Política de Control de Armas, elaborando en
forma conjunta con las comisiones de Seguridad Interior de las Cámaras de
Diputados y Senadores de la Nación, proyectos de modificación del Código Penal
en lo referido a las figuras penales vinculadas con la tenencia, portación, acopio y