Memoria detallada del - Jefatura de Gabinete de Ministros

3. Enriquecimiento ilícito,
conflicto de intereses y
acumulación de cargos
de funcionarios de los
tres poderes del Estado
► Control de funcionarios de los tres poderes del Estado a través del seguimiento de sus Declaraciones Juradas
Patrimoniales Integrales.
► Sistema de empleo público (reglamentación, sistemas informáticos y de gestión) con controles para evitar el
pluriempleo o la falta de prestaciones efectiva.
► Aplicación de las reglas de conflictos de interés e incompatibilidades a los tres poderes del estado.
► Cumplimiento del art. 10 de la Ley de Ética Pública (publicidad de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales)
por parte del Poder Legislativo Nacional y del Poder Judicial de la Nación (Derogación de la Acordada Nº 1/2000 de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación).
► Invitar a las Provincias y al Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires (conforme el art. 47 de la Ley 25.188)
para que dicten normas sobre regímenes de declaraciones juradas, obsequios e incompatibilidades vinculadas con la
ética de la función pública.
► Sistemas integrados electrónicos de legajos de funcionarios públicos nacionales y locales.
► Seguimiento de los sistemas de control de funcionarios públicos por parte de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
ÁREA: CONTROL DEL ESTADO Y DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS
Poder Ejecutivo Nacional
Poder Judicial de la
Nación
Poder Legislativo
Nacional
Jefatura de Gabinete de
Ministros
Oficina Anticorrupción
Gobiernos Provinciales
Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos
Aires
PROBLEMAS ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN / ACCIONES ESPECÍFICAS RESPONSABLES
4. Ineficiencia y/o
debilitamiento de los
órganos de control
► Mayor coordinación y colaboración entre el Ministerio Público, Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas,
Sindicatura General de la Nación, Oficina Anticorrupción, Auditoría General de la Nación y Comisiones del Congreso
Nacional.
► Reforma y/o fortalecimiento de los órganos de control, a través de:
a. Mecanismos transparentes y públicos de selección, designación y remoción de sus funcionarios
b. Evaluación y seguimiento constante de sus acciones
c. Apoyo político y social a las acciones de los organismos de control
d. Mayor autonomía de los auditores internos
e. Autarquía de la Oficina Anticorrupción.
Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial
(puesta en práctica)