Memoria detallada del - Jefatura de Gabinete de Ministros

La consignada aclaración configura una característica singular de esta
privatización, puesto que no guarda congruencia con el Capítulo III de la Ley de
Reforma del Estado Nº 23.696 ni con su Decreto Reglamentario Nº 584/93, de
acuerdo con los cuales la transferencia de las acciones a través de los Programas
de Propiedad Participada debe ser oneroso.
Con fecha del 22 de enero de 1999 el Secretario de Comunicaciones dictó la
Resolución S.C. Nº 2547, por la que creó una comisión “ad hoc”, destinada a
elaborar los Formularios de Adhesión al Programa de Propiedad Participada, el
Acuerdo General de Transferencia y el Convenio de Sindicación de Acciones,
conforme con la instrumentación prevista por la Ley Nº 23.696.
La Resolución S.C. Nº 18317 del 25 de junio de 1999, aprobó la aludida
documentación. En la misma fecha la Resolución Nº 18.318 definió qué personal
es incluído en el Programa de Propiedad Participada, el que consta en un padrón
que forma parte del acto.
Las Resoluciones 18.317/99 y 18.318/99 fueron objeto de sendos recursos
administrativos interpuestos por Entidades representativas del personal de Correo
Argentino S.A. (27 de julio de 1999) y por Correo Argentino S.A. (10 de agosto de
1999). Tales recursos se hallan pendientes de resolución.
Por Resolución S.C.Nº 181 del 30 de septiembre de 2002 esta Secretaría creó
una Comisión destinada a implementar el Programa de Propiedad Participada, el
que será proyectado en consulta con las entidades representativas de los
beneficiarios. Estas fueron convocadas por la Secretaría a una reunión
celebrada el 8 de octubre del corriente año en la que se les informó de la referida
Resolución.
Como tarea liminar la Comisión se abocó a la eventual incidencia en el Programa,
del fallo producido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 20 de
noviembre de 2001 en el caso “Antonucci, Roberto v. Yacimientos Petrolíferos
Fiscales S.A. y otro” y de la Ley Nº 25.471, publicada el 23 de noviembre de
2001, que modifica la interpretación hasta entonces aceptada del Artículo 22 de la
Ley Nº 23.696, que trata de los sujetos que podrán ser adquirentes de las
acciones afectadas a los Programas de Propiedad Participada.
Hasta el mencionado fallo se entendió que la privatización de una empresa se
verificaba con la transferencia de sus acciones a la entidad adjudicataria de la
correspondiente licitación y que era beneficiario el personal proveniente de la
empresa estatal que se incorporaba a la entidad privada.
El fallo y la ley aludidas modifican el criterio expuesto en sentido de que
consideran privatización a la transformación de las empresas a privatizar en
sociedades anónimas - procedimiento dispuesto por la Ley 23.696 - y antes de la
efectiva transferencia del capital a las entidades privadas adjudicatarias.
Sobre la base de esta premisa concluyen que el personal perteneciente a la
empresa a privatizar que ingresa a la sociedad anónima en que se convierte es
beneficiario del Programa de Propiedad Participada.
En el caso de Correo Argentino S.A. la aplicación del criterio al que adhieren la
Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Congreso de la Nación implica una