Memoria detallada del - Jefatura de Gabinete de Ministros

difusión de armas de carácter ilegal.
Todas las acciones llevadas a cabo tienen como objetivo devolverle estándares
adecuados de seguridad a la población, fundamentalmente en el área de
responsabilidad primaria de la Nación que, como marcábamos, es la Ciudad de
Buenos Aires.
Los denominados operativos de saturación policial y cerrojo apuntan a este
objetivo, teniendo en cuenta que está comprobado que la mayor presencia policial
genera mayor sensación de seguridad. Y las sensaciones en este tema tan
delicado no son un dato menor. Muchas veces se intenta minimizar el problema
de la inseguridad argumentando que existe en la población la sensación de que
todo está mal, y aún suponiendo que fuera mucha la sensación no se puede dejar
de reconocer que esas sensaciones nacen de la realidad.
Esa realidad también mostró un incremento notorio de una modalidad delictiva
particular que no tenía mucho arraigo en la Argentina: el secuestro extorsivo y una
variante que también registró índices crecientes: el secuestro exprés.
En función de ello, el Gobierno nacional decidió la creación de una Comisión
Asesora para la Prevención del Delito de Secuestro.
La Comisión elevó al Poder Ejecutivo una serie de proyectos de ley orientados a
disponer de mayores herramientas para prevenir y reprimir este tipo de delitos,
por ejemplo la Reforma del Código Penal de La Nación, adecuando los artículos
correspondientes del Código a la nueva modalidad delictiva que se pretende
enfrentar, agravando penas por privación ilegal calificada y secuestro extorsivo,
estableciendo sanciones de hasta 25 años de cárcel en los casos agravados,
además de incorporar la figura del arrepentido y establecer las penas de prisión y
reclusión perpetua cuando se causare la muerte de la víctima. En forma paralela a
este nuevo andamiaje jurídico, con la focalización del accionar policial y la
intensificación de los mecanismos de prevención e investigación de este tipo
delictual, se logró frenar y hacer retroceder fuertemente la comisión de los delitos
citados.
Naturalmente, más allá de las jurisdicciones que son responsabilidad de las
fuerzas federales de seguridad se atendió también una realidad que va más allá
de límites jurisdiccionales. En ese sentido, en respuesta a la solicitud realizada
por el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, se creo un Comité de Crisis,
a partir del cual Gendarmería Nacional comenzó a desarrollar operativos de
seguridad y control en determinados puntos críticos de los municipios del
Conurbano bonaerense. Prefectura Naval Argentina, por su parte, implementó
controles en zonas del Conurbano adyacentes al ámbito de su jurisdicción y la
Policía Federal Argentina estableció un mecanismo de coordinación con su par
bonaerense para asistirla en materia de Inteligencia Criminal. Así, con la
concurrencia de las fuerzas nacionales de seguridad se apoyó y reforzó la
actividad del Gobierno provincial en materia de seguridad.
Una experiencia similar se concretó con el Gobierno de Santa Fe para desarrollar
tareas preventivas de seguridad en las zonas del Gran Rosario y Gran Santa Fe
de la misma manera que se acudió con fuerzas federales en respuesta a
demandas similares de diversas jurisdicciones.