Memoria detallada del - Jefatura de Gabinete de Ministros

ingresos que el Estado percibe o deja de percibir (en materia de impuestos o de
aplicación de multas, por ejemplo); o bien en cuanto a los egresos que realiza o
deja de realizar (en materia de contratos y de subsidios, entre otros). Se trata de
decisiones que hacen al incremento o disminución del patrimonio público.
También hay decisiones en las cuales el Estado, a través de regulaciones, decide
que determinados ingresos compulsivamente recaudados, pero que no forman
parte del erario público, sean aplicados a determinados fines o sean recibidos por
determinadas organizaciones (tales como aportes jubilatorios o al seguro de
salud).
En su rol regulatorio, la autoridad pública también toma decisiones acerca de los
servicios públicos concesionados. El control de cumplimiento de los planes de
Tipo de decisión Decisión corrupta y efectos en el patrimonio público
de ingresos el Estado deja de cobrar gravámenes o multas 4 .
de gastos
Asignación de recursos no
estatales
Control de cumplimiento
contractual de concesionarios
de servicios públicos
el Estado realiza gastos no debidos (contrataciones con
sobreprecios o bien innecesarias, subsidios que no cumplen
con sus fines, etc.) 5 .
el Estado asigna ingresos recaudados a determinados
actores, de modo compulsivo, con criterios que los favorecen
injustificadamente 6 .
el Estado no controla el cumplimiento del contrato. Por
ejemplo, admite que el concesionario realice inversiones
inferiores a las estipuladas 7 .
4 La exención discrecional de tributos fijados por ley a las empresas de radiodifusión por parte de funcionarios del
COMFER tuvo como resultado un perjuicio de más de $200.000.000 que el Estado dejó de recibir, y distorsionó al
mercado en tanto el trato no fue igualitario para todas las empresas del sector. Así, mientras unas se beneficiaron y
contaron con el dinero que dejaron de pagar al Estado para invertir, otras continuaron con los pagos, fortaleciéndose las
primeras en detrimento de las últimas.
5 Mediante una serie de decretos y de acuerdos, el Estado Nacional reconoció ilegalmente a las empresas
concesionarias de peajes de rutas nacionales una deuda por un total de $149.160.412. En estos instrumentos, el Estado
admitió que el pago de determinadas sumas debidas por aquél a éstas se actualizara según una proporción de un 80%
de la tasa LIBO. Esto es ilegal, en tanto se encontraba vigente la Ley de Convertibilidad, que prohibía la aplicación de
tasas de actualización. Si se tiene en cuenta que durante el período en que se aplicó el promedio de evolución del
índice de precios no pasó el 1% y la mencionada tasa se ubicó en el 4,4%, resulta evidente el exceso. Para una
clasificación de los desvíos en compras, contrataciones y subsidios, ver Informe Anual 2001.
6 En el año 2000, la Superintendencia de Servicios de Salud, a través de la AFIP, recaudó durante siete meses el
aporte de los monotributistas destinado a su cobertura de salud, sin que la gran mayoría de éstos supiera que contaba
con ese servicio y, por lo tanto, pudiera utilizarlo. Así, llegaron a acumularse más de $60 millones, que arbitrariamente
fueron distribuidos entre ocho obras sociales, que los recibieron sin haber prestado ningún servicio y sin haber siquiera
corrido el riesgo de tener que hacerlo.
7 Este tipo de caso se ha registrado, por ejemplo, en la concesión del servicio de correos y en el de provisión de gas
natural. En el primero, la Secretaría de Comunicaciones admitió que el concesionario del servicio imputara como
inversión el pago de cerca de cien millones de pesos que había abonado a ex empleados en concepto de indemnización
por despido, cuando este gasto no responde en realidad al concepto de inversión. En el otro caso, el Ente Nacional
Regulador del Gas admitió que un concesionario de servicio de abastecimiento incumpliera con los montos de inversión
comprometidos y con la cantidad de servicios prestados, teniendo la obligación de hacerlo y contando con instrumentos
tales como multas que podrían haber alcanzado los $500 mil.