Memoria detallada del - Jefatura de Gabinete de Ministros

MINISTERIO DE JUSTICIA,
SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS.
1. Objetivos y logros
El Gobierno debió asumir la gestión del Estado en un contexto de emergencia
crítica. Cualquier análisis de ese momento demuestra la falta de legitimidad que
sufría la Nación y las penosas consecuencias que esto traía aparejado.
La profunda crisis del Estado quedó claramente manifestada en el estado de
convulsión de la ciudadanía. Ante esa situación era evidente que los roles
esenciales del Estado, (promover el bien común, proteger derechos y arbitrar
entre sectores), no eran cumplidos en ningún caso.
El Estado perdió la capacidad de sanción y de obligar. En ese contexto para la
sociedad todo lo que hiciera estaba mal, era cuestionado.
El panorama se hacía aún más dramático en la medida que aumentaba y se
profundizaba la crisis en nuestro país, provocando niveles de empobrecimiento
inéditos, con un crecimiento alarmante de la desigualdad y la marginación.
El derrumbe de las estructuras económico sociales que tuvo como corolario la
renuncia al Gobierno por parte del ex Presidente Fernando De la Rúa, provocó un
marco de fuerte enfrentamiento social, descrédito institucional y afectación de los
derechos individuales de los ciudadanos en diversos aspectos.
Estos elementos son sólo parte de un escenario de crisis de enorme profundidad,
de una crisis generalizada que abarca a todos los sectores.
Esta situación quedaba claramente expuesta en materia de seguridad pública,
tanto en lo que respecta al conflicto social y sus manifestaciones de protesta
como en lo atinente al delito común en general y el de características violentas en
particular.
A esto debe sumarse el haber encontrado a las fuerzas policiales y de seguridad
federales debilitadas en su capacidad operativa, con una importante desinversión,
sin la capacitación adecuada de sus cuadros para abordar algunos de los más
importantes desafíos planteados. Además el conjunto de las fuerzas sufría el
cuestionamiento de la opinión pública debido a las repercusiones de la brutal
represión acaecida durante los días finales del Gobierno de la Alianza.
Desde el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación
asumimos que una de nuestras obligaciones primarias era tratar de aportar
claridad donde había confusión y comprender que uno de los peores enemigos de
las políticas de seguridad son las simplificaciones, de modo tal que actuamos con
extrema prudencia, priorizando el diálogo y evitando actitudes extemporáneas.
Con un objetivo final contundente que es el de alcanzar la normalidad
institucional, permitir que la sociedad elija un gobierno pleno, saliendo de la
transición sin caos, sin dramatismo y sin temores. En definitiva con más certezas
que incertidumbres.