XXVI Congreso Internacional de Americanistas

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na el sistema de la accesión, consagrando el princJplo de que se pueden
denunciar minas en terreno ajeno y estableciendo -por tantoque
no son accesorias del suelo.»
La Novísima Recopilación atribuye a Carlos III la paternidad de
la ley II, tít. XX, lib. IX, en la que se establece que las minas de
carbón «pertenecen a lo s propietarios de los terrenos do¡,de están»,
lo que se contradice con el principio de propiedad independiente que
las Ordenanzas de Aranjuez sancionan y que nos dan a conocer toda
una generación de sabios legisladores y tenaces vigilantes de la defensa
y garantía de los derechos todos, sin perjuicio alguno para los
intereses del Estado.
Es decir, que en ellas se respeta el principio derivado del domi
nio eminente del Estado sobre las sustancias minerales, en cuya virtud
éste las cede para su aprovechamiento, pues no existe el carácter
Ge perpetuidad de la concesión desde el momento que se le oponen
ciertas restricciones (art. 3.°). Ese dominio sobre el subsuelo que
confiere la Ley de 1783 al Soberano. originó diversas controversias
sobre tal derecho que el Estado puede ostentar. En efecto: si tomamos
como punto de partida las Ordenanzas sancionadas en 1783 por
Carlos III, 'hallamos como epígrafe del título V la frase: «Del Dominio
Radical de las Minas ...» Pero, ¿ qué quiere decirse con esta expresión:
dominio radical? ,Aquí surge el acalorado debate y las diversas
directrices aseguir. El jurisconsulto mexicano D. José de Linares
plasma su significado en uno de los artículos de la notable
serie que publicó en la ' revista El Derecho (137) sobre legislación
de minas y que transcrito dice: «El primer punto de estudio que aquí
se ofrece, consiste en investigar qué fué lo que el legislador entendió
por dominio radical, pues siendo esto una expresión nueva en la
jurisprudencia, se necesita definirla, a fin de que, conocida la extensión
de su significado, pueda aplicarse convenien'temente. Se entiende,
pues, por dominio radical el conjunto de los derechos especiales
que la Nación conserva sobre las minas, aunque ya hayan pasado al
dominio particular por los medios que la establecen. No debe confundirse
con lo que lo s publicistas llaman «dominio eminente» y que se refIere
a todas las cosas; de éste se deriva el derecho de expropiar por
cauSa de utilidad pública, mediante ciertos trámites y la indemnización
correspondiente, mientras que tratándose de las minas, la expropiación
- en · muchos casos- se verifica por ministerio de la ley y sin trámite
ninguno, pues basta faltar a algunas prescripciones de la Ordenanza
para que se pierda la propiedad ,~i n conservar derecho a indemnización
por los trabajos que se han hecho y que ~e tienen que abandonar.
Por regla general, el propietario es libre para disponer de su
(137) El Del'echo, t. n, año 1860, pág. 548.