XXVI Congreso Internacional de Americanistas

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conizándose ya en las obras de Platón, en Aristóteles, en las prédicas
de Cicerón, esa orientación social de la propiedad o, mejor dicho ,
su origen como función social.
El sentido de honda revolución en el seno de las conciencias impregnadas
de individualismo que operó la Constitución de 1917 tiene
una sólida base: están cimentadas en la prog.'resiva formación legal
que inundó aquella sociedad de una paz y armonía sec.ulares; sus
antecedentes inmediatos datan de la época colonial española.
El artículo 27 otorga la propiedad de las tierras y de las aguas
originariamente a la Nación, que puede transmitir su dominio, constituyendo
la propiedad privada, a la que puede imponer todas las
modalidades que dicte el interés público.
El párrafo cuarto dice : «Corresponde a la Nación el dominio directo
de todos los minerales o sustancias que en vetas, mantas o
}acimientos constituyan depósitos de naturaleza distinta de los componentes
de los terrenos... », siendo el dominio que la N ación ostenta
inalienable e imprescriptible. Sustenta, pues, un criterio evidentemente
opuesto al de la accesión -pla'smado en el principio romano: cujus
('si solum.. .-, que fué también básico apoyo de la legislación colonial
por la que se incorporaba a los Monarcas toda la propiedad absoluta
de las riquezas mineras, y reconociendo la existencia en determinadas
personas, unas veces del dominio eminente, otras del domillio
útil, las más, la simple posesión, independientemente y caso
omiso de los derechos que pudiera ostentar el dueño superficiario.
Con tal espíritu de justa aspiración, de lógica consideración de la
propiedad subterránea, de modo ampliamente socializador pasó est3
concepción al espíritu de la legislación y se entronizó en la moderna
Constitución, modelo entre los modelos, forjada en recio yunque y
modelada en el crisol de las reivindicaciones a que aspira la actual
evolución societaria, y que persiste incólume a través de todos los
embates que por doquier se le dirigen.
Hemos indicado que sus principios se enlazan con la legislación
colonial. ¿ Qué otra cosa si no representan los títulos que se abroga
la N ación en virtud de su ley fundamental? ¿ N o confiere ese precepto
a la N ación soberana los mismos derechos (propiedad absoluta
con la reserva del dominio directo y la concesión' del dominio útil o
tan sólo la posesión) que la antigua legislación colonial otorgaba
a los Reyes? Luego el artículo 27 no ha hecho más que seguir la
stnda de los seculares principios, al declarar que «corresponde a la
Nación el dominio directo ...», que viene a constituir una propiedad'
nacional, de carácter público.
La Ley de 31 de Julio de 19 J 8 y su Reglamento trataron de hacer
aplicable el precepto constitucional; pero tuvieron buen cuidado
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