XXVI Congreso Internacional de Americanistas

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ucílidacl pública y quedará suj eto a las disposiciones que dicten lo~
Estados.
En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio
de la Nación es inalienable e imprescriptible, y sólo podrán
hacerse concesiones por el Gobierno Federal a los púticulares o sociedades
civiles o mercantiles constituídas conforme a las leyes mexicanas,
con la condición de que se establezcan tra bajos regulares
para la explotación de los elementos de que se trata y se cumpla con
los requisitos que pL'evengan las leyes.
La capacidad para adquirir el dominio de la s tierras yaguas de
la Nación se regirá por las siguientes prescripciones :
1. Sólo Jo s mexicanos por su nacimiento o por naturalización y
las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de
las tierras, aguas y sus accesorios. o para obtener concesiones de
explotación de minas, aguas o combustibles minerales en la R epública
mex icana. El Estado podrá conceder el I1l iSl110 clerecllo a los
extranjeros, siempre que convengan en la Secretaría de Relaciones
en consideFarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no
invocar. por lo mi s mo, la protección de sus Gobiernos en 10 que se
refiere a aquéllos, bajo la pena -caso de faltar al convenio- de perder
en beneficio de la Nación los bienes que hubieren adquirido en
virtud del mismo. En una faja de J 00 kilómetros a 10 largo de las
fronteras, y de 50 en las playas, por ningún motivo podrán los extranjeros
adquirir el dominio directo sobre las tierras yaguas.
II. Las asociaciones religiosas denominadas iglesias, cualesquiera
que sea su credo, no podrán en ningún caso tener capacidad para
adquirir, poseer o administrar bienes raíces ni capitales impuestos
sobre ellos ; los que tuvieren actualmente por sí o por interpósita
persona, entrarán al dominio de la Nación, concediéndose acción
popular para denunciar los bienes que se Ila'lJaren en tal caso. La
prueba de presunciones será hastante para declarar fundada la denuncia
Los templos destinados al culto público son de la propiedad
de la Nación, represl'ntada por el Gobi e. rno Federal, quien determinar{L
los que deben continuar de stinados a su objeto. Los obispados,
casas curia les, seminarios, asilos, colegios de asociaciones religiosas,
conventos o cualquier otro edificio que hubiera sido construÍdo
o destinado a la administración, propaganda o enseñanza de un culto
rtligioso, pasarán, desde luego, de pleno derecho, al dominio directo
de la Nación, para destinarse ex Clusivamente a los servicios pútlicos
de la Federación o ele los E stados en sus respectivas juris
dicciones. Los templos que en lo sucesivo se erigieren para el culto
pÍJ blico, serán de propiedad de la Nación.
IIl. Las instituciones de beneficencia pública o privada que tell­