XXVI Congreso Internacional de Americanistas

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clara reformada la fracción X del artículo 72 de la misma Constitución,
como sigue: X. Para expedir Códigos obligatorios en toda la
República, de Minería y Comercio, comprendiendo en este último las
instituciones bancarias.»
Era el momento propicio a las codificaciones. Unas verdaderas
ansias reformadoras se adueñaron del espíritu de aquellos legisladores,
que dieron a México en un solo año UI) Código civil para el
Distrito Federal y Territorio de la Baja California (31 Marzo 1844).
\1n Código de comercio (15 Abril); un Código de Procedimientos
civiles (15 Mayo), y el Código de Minas de 22 de Noviembre. Todo
ello precedido de otras codificaciones en años anteriores.
Al llegar a este instante, ábrese un paréntesis en la vida jurídicA
que regula la propiedad del subsuelo, pues a partir de este Código
minero se rompe el sentido tradicional que consideraba como ley
suprema de la minería las Ordenanzas de Carlos IIl.
Expone este Código, en su artículor .0, lo que es su objeto principal,
detallando desde las minas y criaderos de sustancias inorgánicas,
hasta las aguas extraídas. Y en su artículo ro dice que: «Son
de exclusiva propiedad del dueño del terreno», quien, por lo mismo,
sin necesidad de denuncio ni de adjudicación especial, los podrá explotar
y aprovechar. ¿ Cuáles? Los criaderos de carbón de piedn,
rocas del terreno, hierro, estaños, sales, petróleos, etc. Y añade una
restricción, por la cual el dueño del terreno tendrá que sujetarse para
ei aprovechamiento de tales sustancias a las disposiciones y reglamentos
de policía, y en la explotación de las materias que exijan
labrar excavaciones, a las prevenciones del Código relativas a la CO"1­
servación de las minas y a la seguridad de los trabajadores.
Ofrece, pues, frente a la sólida rgulación que establecían las
Ordenanzas de Aranjuez, un surtido manantial de palancas que rompieron
por su base la tradicional legislación secular, pero que no
podrían subsistir ante los embates azarosos que impondrían otra vez
ei sistema liberal, por el que se consideran las minas de propiedad exclusiva
del Estado.
No obstante, al expedirse en 4 de Junio de 1892 otra ley minera,
se prescribía: «Artículo 4.° El dueño del terreno ·explotará libreme.nte,
sin necesida"d de concesión especial, todas las sustancias mineras,
excepto oro, plata, platino, mercurio, hierro -menos el de
pantanos, el de acarreo y los ocres que se exploten como materia
colorante-; plomo, cobre, estaño -excepto el de acarreo-, cinc,
antimonio, níquel, cobalto, marrganeso. piedras preciosas, bismuto y
arsénico.» Todos éstos exigían la previa concesión.
Pero ya en una ley dada en 19°1, Y por diversas concesiones más,
se restringe el derecho de los particulares, al declarar que los pri­