América Latina

De Chávez a nuestros días
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y el deterioro de las relaciones intercomunitarias que provocan. Las
empresas mineras son representadas como agentes “depredadores
y manipuladores” que extraen los recursos naturales, perjudican el
entorno ambiental y destruyen el tejido social para después abandonar
la zona “vaciada”. La siguiente cita sobre la operación de
la compañía canadiense Gold Corp ejemplifica esta imagen al contrastar
las acciones perjudiciales de la empresa con el discurso de
derechos humanos:
“Cientos de testimonios, evidencias científicas, denuncias ante tribunales,
reportajes y pruebas de laboratorios demuestran cómo esta empresa
violenta y viola recurrentemente derechos humanos de pueblos
y comunidades: Derecho Humano al Agua y al Saneamiento: no les
importa el uso de millones de litros de agua, su contaminación y el
secado de fuentes alternas; Derecho a un Ambiente Sano y Saludable:
no les importa que personas y animales consuman agua y respiren
polvo lleno de metales pesados tóxicos a la salud y al medio ambiente;
Derecho a la Salud: no les importan las quejas de la población
de Honduras, Guatemala y México en donde se han observado un
incremento de enfermedades respiratorias y de la piel desde que se
han instalado las operaciones mineras de Goldcorp. No les importa
tampoco que cada año aumenten los registros de niños y niñas que
fallecen por abortos espontáneos o los que nacen con deformaciones
físicas ni los que viven en condiciones de debilidad debido a nacimientos
prematuros, situaciones todas estas que pueden ser ligadas a
los efectos generados por el agua y el aire contaminados con metales
pesados. La destrucción ambiental es tal que por cada onza de oro
que se extrae de las entrañas de la tierra, se generan como 79 toneladas
de desechos” (Movimiento Mesoamericano en contra del Modelo
Extractivo Minero M4, 2014c).
La dependencia es denunciada también por sus consecuencias
en el plano político e institucional: las empresas cooptan a miembros
de la clase política nacional para obtener permisos y concesiones, dividen
a las comunidades por medio de la compra y corrupción, usan
sus cuerpos privados de seguridad para que operen, a la vieja usanza,
como guardias blancas y escuadrones de la muerte para desarticular
la protesta. Por otra parte, se cuestiona el intervencionismo de los