América Latina

De Chávez a nuestros días
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3 En 1985, el gobierno de Víctor Paz Estenssoro (1985-1989) inauguró el ciclo de
reformas neoliberales en Bolivia. De aplicación temprana en la región, estas reformas
implicaron una transformación radical de la estructura económica y social del
país, y golpearon duramente al movimiento obrero, principalmente a los mineros,
a partir de la promulgación del decreto 21.060, el cual implicó el desmantelamiento
de los principales centros mineros y el consecuente despido masivo de trabajadores.
La empresa de bandera, la Corporación Minera Boliviana, sucumbió ante
el derrumbe de los precios internacionales del estaño y las políticas privatizadoras.
Junto con la desarticulación de los resortes de la producción minera, los mineros,
que habían sido la base de sustentación del movimiento popular boliviano durante
cuarenta años, dejaron de existir como fuerza social relevante. Este período de
reformas estructurales tuvo su apogeo durante la década del noventa durante el
gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997), caracterizado por la aplicación
del neoliberalismo económico, la tecnocratización de la gestión gubernamental,
la privatización de varias empresas estatales y el sometimiento a los organismos
multilaterales de crédito (Svampa et al., 2010).
4 Conducida por el MNR, la Revolución de 1952 gobernó el país desde ese año
hasta el golpe de Estado de 1964. El proyecto político del movimiento no significó
una reivindicación de lo indio, sino que planteó una alianza de clases. La figura
del indio fue reemplazada por la del campesino, pero el protagonista central de
las luchas sociales y políticas fue el movimiento minero, cuya central sindical –la
Central Obrera Boliviana (COB)– cogobernó el país durante esos años. En 1964,
la era revolucionaria fue interrumpida en medio de una fuerte crisis política que
dio lugar al regreso de las fuerzas armadas en la vida nacional (Do Alto, 2007).
5 La persecución al cultivo de la hoja de la coca se inició durante la Revolución de
1952 cuando, en el marco de la pretendida modernización de la región, se suscribió
a la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, que comprometía al
gobierno boliviano a eliminar la producción y el consumo de coca en un lapso de
veinticinco años. En 1986, el gobierno boliviano, presionado por la administración
estadounidense, autorizó el establecimiento de bases permanentes de UMOPAR
(Unidades Móviles de Patrullaje Rural), entrenadas y financiadas por Estados Unidos,
en el marco del “Plan Trienal”, que marcó el inicio de la política de eliminación
de los cocales. En 1994, se introdujo el “Programa Opción Cero”, que suponía
la destrucción de todos los cultivos de coca en el Chapare y la transformación
de la zona en Parque Nacional o en Zona Industrial. En 1997 el llamado “Plan
Dignidad” implicó una nueva campaña de erradicación forzada y una mayor militarización
de la región.
6 Si bien algunos autores sitúan el inicio de la “Guerra contra las Drogas”, en tanto
eje rector de la política exterior estadounidense, en 1973, cuando se creó la DEA,
los mayores esfuerzos en esta lucha contra el narcotráfico se dejaron sentir durante
el gobierno de Reagan, cuando el narcotráfico se definió como amenaza contra la
seguridad nacional (Gutiérrez Aguilar, 2008).