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Actitudes del demandado 97
va a iniciar? Es evidente que la resolución que declara la improcedencia de la vía
no puede tener otro efecto que el de extinguir el procedimiento declarado improcedente.
Sólo subvirtiendo la naturaleza de los principios e instituciones procesales
se puede pretender “continuar” lo que se ha declarado improcedente y, por
tanto, extinguido.
Pero aun suponiendo que se pueda “continuar” un procedimiento que se
ha extinguido, que es tanto como declarar vivo un cadáver, ¿quién debe “continuarlo”:
el juez o la parte interesada? El párrafo final del art. 35 del CPCDF
no lo dice expresamente, pero parece sugerir que debe hacerlo el juez, al señalar
que se debe declarar la validez de lo actuado, lo cual sólo puede hacerlo el juez.
Pero si es el juez el que “continúa” el procedimiento, estaría violando el principio
general del derecho que establece que la iniciativa del proceso incumbe
exclusivamente a las partes, y que sin acción de la parte interesada no puede haber
proceso (nemo iudex sine actore: donde no hay demandante no hay juez;
véase supra 1.3). También violaría el deber de imparcialidad que el art. 17 de la
Constitución impone a los juzgadores, pues se estaría convirtiendo en asesor o
asistente de la parte actora, y se infringiría el principio de la igualdad de las personas
ante la ley y de las partes en el proceso que se encuentra implícito en el
art. 13 constitucional. 35
Por último, el párrafo final del art. 35 del CPCDF impone al juez dos
deberes contradictorios: declarar la validez de lo actuado y al mismo tiempo
regularizar el procedimiento. En primer término, si lo actuado es válido, ¿para
qué tiene que declararlo el juez? En segundo lugar, si el juez declara válido lo
actuado, ¿para qué tiene que regularizarlo? Pero lo más grave: ¿es que lógica y
jurídicamente se puede declarar la validez de lo actuado en un procedimiento
que resultó improcedente?; ¿se puede declarar válido un procedimiento que se
basó en la supuesta existencia de un título ejecutivo, que finalmente no reunió
los requisitos para ser considerado título ejecutivo? Si en el juicio especial
hipotecario declarado improcedente se afectó un inmueble mediante la expedición
y el registro de la cédula hipotecaria, como se preveía antes de la reforma
de 1996, o a través de la anotación de la demanda en el Registro Público
de la Propiedad, como se regula ahora, ¿a pesar de improcedencia de la vía debe
subsistir el registro de la cédula hipotecaria o la anotación de la demanda? La
vaguedad y ambigüedad del texto del párrafo final del art. 35 del CPCDF no
parecen ofrecer respuestas claras y precisas y más bien podrían ser fuente de
dudas y de atropellos.
35
Cfr. José Ovalle Favela, Garantías constitucionales del proceso, Oxford University Press México,
México, 2002, pp. 1 a 9 y 416.