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Ejecución procesal 313
¿Cuáles son esos “asuntos del orden federal”? Son los litigios de carácter civil
(en sentido amplio, incluidos los de carácter mercantil) que, de acuerdo con el art.
53, fraccs. I a IV, VI y VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, son
de la competencia, en primera instancia, de los Juzgados de Distrito.
Cuando se trate de asuntos diferentes, deberán aplicarse las disposiciones
del CPCDF o del CPC del estado correspondiente, por los tribunales locales.
Se debe tener presente que en la reforma al Código de Comercio, publicada
en el DOF del 22 de julio de 1993, se introdujo un procedimiento de reconocimiento
y ejecución de laudos en esa materia (arts. 1461 a 1463), por lo que
también se modificaron los arts. 569, 570 y 571 del CFPC para precisar que los
laudos a cuyo reconocimiento y ejecución se refiere éste, son aquellos de “carácter
no comercial”.
Vamos a tratar de analizar en forma conjunta, así sea someramente, las reglas
contenidas en el CFPC y el CPCDF. Ambos ordenamientos señalan que “ni el
tribunal de primera instancia ni el de apelación podrán examinar ni decidir sobre
la justicia o injusticia del fallo, ni sobre las motivaciones o fundamentos de hecho
o de derecho en que se apoye, limitándose a examinar su autenticidad y si deba o
no ejecutarse conforme a lo previsto en el derecho nacional” (en el caso de CFPC,
art. 575) o “en los artículos precedentes” (en el CPCDF, art. 608, fracc. IV).
Es competente para reconocer y ejecutar la sentencia, resolución o laudo
extranjeros, el tribunal del domicilio del ejecutado (arts. 573 del CFPC y 608
del CPCDF); “o, en su defecto —agrega el primer precepto citado—, el de la
ubicación de sus bienes en la República”.
Los requisitos que deben reunir las sentencias, las resoluciones jurisdiccionales
y los laudos extranjeros para que puedan ser reconocidos y ejecutados (previstos
todos ellos en los arts. 571 del CFPC y 606 del CPCDF), son los siguientes:
1. El exhorto con el que se remitan debe satisfacer las formalidades previstas en el
CFPC. En particular, debe presentarse legalizado por las autoridades consulares
mexicanas competentes, cuando sea entregado directamente por parte
interesada, pero no cuando sea “transmitido por conductos oficiales” (judiciales,
consulares o diplomáticos, o por cualquiera otra autoridad competente);
y en caso de que venga en idioma distinto del español, deberá
acompañarse de su respectiva traducción (fracc. I de los dos artículos mencionados
en el párrafo anterior y arts. 550 a 553 del CFPC). 36
36
México suscribió y ratificó la Convención por la que se suprime el requisito de legalización
de los documentos públicos extranjeros, la cual fue publicada en el DOF del 14 de agosto de
1995. Esta convención sustituye la legalización por la certificación de la autenticidad de la
firma, por medio de una “apostilla”.