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284 Derecho procesal civil
Al lado de la sentencia existen otros documentos que pueden dar lugar
también a la vía de apremio. De acuerdo con el CPCDF, los supuestos que
pueden dar origen a la vía de apremio son:
1. Las sentencias firmes, es decir, aquellas que tengan la autoridad de la cosa
juzgada (art. 501, primer párrafo).
2. Las sentencias definitivas que hayan sido objeto de apelación, la cual se haya
admitido en un solo efecto o efecto devolutivo (ejecutivo) (idem).
3. Las sentencias interlocutorias (art. 501, segundo párrafo).
4. Los convenios y las transacciones celebrados por las partes en el juicio y aprobados
por el juzgador (arts. 501, párrafo final, y 502).
5. Los laudos arbitrales, que son las resoluciones definitivas que sobre el fondo
del litigio sometido a arbitraje, pronuncian los árbitros.
Debe tratarse, como es lógico, de laudos arbitrales firmes o bien de laudos
apelados en un solo efecto (arts. 504 y 632).
Por decreto publicado en el DOF del 12 de enero de 1988 se reformaron,
entre otros, los arts. 500 y 504 del CPCDF, para aclarar que también son
supuestos de la vía de apremio los convenios celebrados ante la Procuraduría Federal
del Consumidor y los laudos que ésta emita cuando actúe como árbitro.
En el mismo decreto se reformó también el inciso e) de la fracc. VIII del
art. 59 de la Ley Federal de Protección al Consumidor de 1975, para precisar que
dichos convenios y laudos “traen aparejada ejecución, la que podrá promoverse
ante los tribunales competentes en forma inmediata en la vía de apremio o en
el juicio ejecutivo a elección del interesado”.
En el art. 110 de la vigente Ley Federal de Protección al Consumidor de 1992
también se reconoce a los convenios aprobados y a los laudos emitidos por la
Procuraduría Federal del Consumidor, el carácter de títulos con los que se
puede iniciar la vía de apremio o el juicio ejecutivo. 5
14.4. Presupuesto de la ejecución: patrimonio ejecutable
Couture advierte que en tanto la sentencia penal se ejecuta in personam, la
sentencia civil se ejecuta in rem. “Un patrimonio ejecutable —señala el célebre
procesalista uruguayo— constituye un presupuesto de la ejecución forzada, en
el sentido de que sin él la coerción se hace difícilmente concebible.” 6 Contra
5
Cfr. José Ovalle Favela, Comentarios a la Ley Federal de Protección al Consumidor, McGraw-Hill,
México, 1995, pp. 208 a 210.
6
Couture, op. cit. supra nota 2, pp. 464 y 465.