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160 Derecho procesal civil
ción contra el alcance y valor probatorio del documento, sólo debe sustentarse
en las razones que exprese el objetante, las que el juzgador tomará en cuenta
al momento de valorar el documento, por lo que no se requiere que el objetante
ofrezca y aporte pruebas para demostrar esas razones.
En cambio, cuando se impugna de falso un documento sí se contradice su
autenticidad o su exactitud. En la doctrina se distingue entre la falsedad material
y la falsedad ideológica del documento: la primera consiste en la alteración
de la materialidad del documento (adulteraciones, adiciones, borraduras, etc.)
o en la suplantación de la firma; la segunda, en que su contenido es inexacto o
falta a la verdad. 21 En este sentido, el art. 386 del CPCDF establece que la
“impugnación de falsedad de un documento puede hacerse desde la contestación
de la demanda hasta seis días antes de la celebración de la audiencia de pruebas
y alegatos”. Este precepto otorga un plazo mucho más amplio que el que
señala el art. 340 para objetar el alcance y valor probatorio de los documentos,
porque ahora se trata de una cuestión más grave: impugnar u objetar la
falsedad de un documento. Por la misma razón, en este supuesto el impugnador
no sólo deberá expresar las razones en las que sustente su impugnación sino
que, además, deberá ofrecer y aportar las pruebas que demuestren la falsedad
o inexactitud del documento.
La objeción del alcance y valor probatorio de los documentos tiene sentido
sólo cuando se trata de documentos privados, cuyo valor probatorio normalmente
queda sujeto a la confirmación por otros medios de prueba 22 y, en
todo caso, a la apreciación del juzgador, conforme a las reglas de la lógica y las
máximas de la experiencia, de acuerdo con lo que dispone el art. 402. En
cambio, como a los documentos públicos los arts. 333 y 403 les confieren
pleno valor probatorio, normalmente carecerán de relevancia las simples objeciones
a su alcance y fuerza probatoria. La única forma para contrarrestar el
valor probatorio de los documentos públicos consiste en impugnar y probar su
falsedad.
21
Cfr. Devis Echandía, op. cit. supra nota 1, t. II, p. 567.
22
Cfr. tesis de jurisprudencia 1.4o.C.J/47, con el rubro “DOCUMENTOS PRIVADOS. SU VALOR PROBATO-
RIO ESTÁ SUJETO A SU PERFECCIONAMIENTO”, en Semanario Judicial de la Federación, Octava Época,
t. IX, enero de 1992, p. 103; y en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, núm. 49, p. 109.
Esta tesis de jurisprudencia del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito
ha sido confirmada por la Primera Sala al resolver la contradicción de tesis 32/94 y sostener
la tesis de jurisprudencia 86/2001, publicada con el rubro “DOCUMENTOS PRIVADOS. PUEDEN PER-
FECCIONARSE, ENTRE OTROS MEDIOS, A TRAVÉS DE SU RECONOCIMIENTO EXPRESO O TÁCITO, TENIENDO EN
AMBOS CASOS LA MISMA EFICACIA PROBATORIA PARA DEMOSTRAR LOS EXTREMOS PLANTEADOS (LEGISLACIÓN
DEL DISTRITO FEDERAL)”, en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XIV,
noviembre de 2001, pp. 11 y 12.