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364 Derecho procesal civil
títulos ejecutivos dan origen sólo a un juicio ejecutivo, con posibilidades de
debate sumario, en tanto que los títulos ejecutorios provocan un procedimiento
de ejecución inmediata, en el que la eventual oposición del deudor da lugar
a una verdadera acción de anulación del título. 26
18.4. Recepción del juicio ejecutivo
en el derecho mexicano
El juicio ejecutivo fue introducido en México, como ocurrió en los países latinoamericanos,
bajo la influencia del derecho español; sólo que esta introducción,
como se verá en seguida, no se ajustó completamente a la legislación
española ni al modelo medieval italiano. 27
La Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855 señalaba específicamente los títulos
ejecutivos (art. 941); preveía la expedición del auto de ejecución (embargo
provisional) sin audiencia del demandado (art. 947); enumeraba limitativamente
las excepciones oponibles en el juicio ejecutivo (art. 963); circunscribía
el contenido de la sentencia a la declaración de proceder o no la ejecución
(art. 970) y, considerando el carácter incompleto y provisional del juicio ejecutivo,
permitía a ambas partes, sin importar el sentido de la sentencia, promover
el juicio ordinario posterior (art. 973). Este modelo de juicio ejecutivo
fue reiterado en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 (arts. 1429 a 1480), la
cual, al haberse uniformado las materias civiles y mercantil en virtud del Decreto-Ley
del 6 de diciembre de 1868, sobre unificación de fueros y supresión
de los tribunales y juzgados especiales, también reguló el “procedimiento de
apremio en negocios de comercio”, siguiendo el modelo señalado a grandes
líneas (arts. 1544 a 1560).
En México, la Ley “que arregla los procedimientos judiciales en los negocios
que se siguen en los tribunales y juzgados de Distrito y Territorios”, del 4
de mayo de 1857, fue la primera en referirse, aunque brevemente, al juicio
ejecutivo. Sin ser muy precisa, disponía que el juez, una vez que hubiera examinado
el título ejecutivo, podría librar su “acto de exequendo” (art. 91) y preveía
que durante la diligencia de embargo provisional, el demandado podía
oponer alguna excepción “que pruebe incontinenti por instrumento público”
(art. 97). Realizado el embargo, se le concedía al demandado un plazo de 24
horas para el pago de las prestaciones reclamadas, o de tres días para que
26
Cfr. Liebman, op. cit. supra nota 3, pp. 401 y 402.
27
Cfr. José Luis Soberanes y Fernández, Historia del juicio ejecutivo civil, UNAM, México, 1977,
pp. 51 a 58.