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Juicios ejecutivos 383
conforme a las reglas establecidas en los arts. 471, 472 y 483 del CPCDF,
reformados en 1996.
Si del título ejecutivo hipotecario se advierte la existencia de otros acreedores
hipotecarios anteriores, el juez debe ordenar notificarles la existencia
del juicio “para que manifiesten lo que a su derecho corresponda” (art. 476
reformado en 1996).
18.7.2.3. Sentencia de remate y ejecución
Una vez concluido el procedimiento, el juzgador debe dictar sentencia definitiva
en la cual, si considera “probada la acción” hipotecaria, decrete el remate
de los bienes hipotecados. El procedimiento de remate se debe ajustar a las
reglas establecidas en el art. 486 del CPCDF reformado en 1996.
El art. 512 del CPCDF previene que si en el contrato se fijó el precio en
que una finca hipotecada debe ser adjudicada al acreedor, con renuncia expresa
de subasta, la adjudicación se hará luego que pasen los cinco días señalados
en el art. 506 o el plazo de gracia.
Por su parte, el art. 597 del mismo ordenamiento establece que si en el
contrato se fijó el precio de adjudicación de la finca hipotecada, sin haberse
renunciado la subasta, el remate se hará teniéndose como postura legal la que
exceda de dicho precio y cubra con la parte pagada de contado lo sentenciado.
Si no hubiere postura legal, se llevará a cabo la adjudicación en el precio
convenido. Por último, si en el contrato se fijó precio a la finca hipotecada
sin convenio expreso sobre la adjudicación al acreedor, no se hará nuevo avalúo
y el precio señalado será el que sirva de base para el remate.
18.8. Juicio especial de desahucio
A través del juicio especial de desahucio se tramitan los litigios surgidos entre
arrendadores e inquilinos sobre la desocupación del bien arrendado por incumplimiento
en el pago de las rentas. Se trata de un juicio ejecutivo especial porque
implica un conocimiento sumario del conflicto, limitado a la procedencia del
desalojo y a la oposición y prueba de las excepciones señaladas fundamentalmente
en el art. 494 del CPCDF; porque en este juicio también opera la inversión de
la carga de la prueba en favor del actor y en contra del demandado; y, en fin,
porque el conocimiento sumario tiene una finalidad preponderantemente ejecutiva,
la cual consiste, precisamente, en la desocupación del bien arrendado.
El artículo segundo del decreto publicado en el DOF del 21 de julio de
1993 derogó los arts. 489 a 499 y 525, párrafo último, del CPCDF, referentes
todos ellos al juicio especial de desahucio, con la finalidad de que este tipo de