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Procedimientos de jurisdicción voluntaria 431
CPCDF para tratar de establecer un juicio especial a través del cual se tramitaran
las informaciones de dominio sobre inmuebles que no se encuentren inscritos
en el Registro Público de la Propiedad, informaciones que se encontraban
previstas, en el aspecto sustantivo, en el art. 3023 del Código Civil (artículo que
pasó a ser el 3047, en virtud de las reformas a dicho Código, publicadas el 3 de
enero de 1979). La doctrina ha criticado la introducción de estos dos nuevos
procedimientos inmobiliarios (uno relativo a la inmatriculación de inmuebles en
el Registro Público de la Propiedad y el otro referente a las informaciones posesorias
respecto de bienes raíces) en un lugar tan inadecuado como es una fracción (la
III) de un artículo (el 122) destinado a regular solamente la notificación por
edictos y por contradecir, en cierta medida, la regulación del procedimiento de
jurisdicción voluntaria denominado de información ad perpetuam. 21
Los arts. 3047, 3048 y 3049 del Código Civil, de acuerdo con la citada
reforma de 1979, establecieron las bases para llevar a cabo la inmatriculación
(es decir, la inscripción de la propiedad o la posesión de un inmueble en el
Registro Público de la Propiedad, cuando aquél carezca de antecedentes
registrales), por resolución judicial. Dichos preceptos han sido reformados por
decreto publicado en el DOF del 7 de enero de 1988. En la reforma de 1979
también se introdujo la inmatriculación por resolución administrativa, que se tramita
ante el director del Registro Público de la Propiedad, la cual se encuentra
prevista actualmente en los arts. 3050 a 3054 del citado Código Civil.
Por último, por decreto publicado en el DOF del 4 de enero de 1991, se
volvió a reformar la fracc. III del art. 122 del CPCDF.
21.3.6. Otros procedimientos
El art. 938 del CPCDF prevé que se pueden tramitar como incidentes, en los
que se escuche al Ministerio Público, los asuntos siguientes: a) la autorización que
soliciten los emancipados para enajenar o gravar bienes raíces o para comparecer
en juicio; b) el permiso para que los cónyuges celebren contratos entre sí o
para obligarse solidariamente o ser fiador uno del otro; c) la calificación de la
excusa de la patria potestad en los casos a que se refiere el art. 448 del Código
Civil, y d) la aclaración de actas del estado civil cuando se trate de errores
gramaticales o mecanográficos, de letras o de palabras concernientes a la real
identificación de la persona. Conviene señalar que el art. 138 bis del Código
21
Cfr. Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, “Reformas al Código Procesal Civil del Distrito y Territorios
Federales en materia de caducidad de la instancia y de procedimientos inmobiliarios”, en El
Foro, México, núm. 44, enero-marzo de 1964, pp. 54 a 57, y Becerra Bautista, op. cit. supra nota
18, pp. 453 a 457.