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Ejecución procesal 287
cual el tribunal devolverá el expediente al inferior, acompañándole testimonio
del convenio (art. 502).
La ejecución de los laudos arbitrales queda a cargo del juez competente
designado por las partes; a falta de designación, corresponderá al que se encuentre
en turno, en el lugar del juicio arbitral (arts. 504 y 633).
La reforma de 1988 al art. 504, que hemos comentado, agregó a lo señalado
en el párrafo anterior, “los laudos pronunciados por la Procuraduría Federal
del Consumidor”, que ya estaban incluidos por la sencilla razón de que son
laudos arbitrales, y los convenios celebrados ante dicha institución. A estos
convenios les resulta aplicable la primera parte del art. 504, en cuanto que en
ellos las partes pueden designar al juez competente para su ejecución; pero no
les es aplicable la segunda parte, referente a la competencia del “juez del lugar
del juicio”, pues tales convenios suponen que no ha habido ni habrá juicio, ya
que la conciliación es uno de los medios de solución al litigio que excluyen al
proceso. Lo que el legislador debió decir —y quizá ésta sea la posible solución—
es que, a falta de designación en el convenio, será competente el juez
que se encuentre en turno, en el lugar en el que se haya celebrado el convenio.
14.5.3. Impugnación de las resoluciones dictadas
para la ejecución del fallo
El art. 527 establece: “De las resoluciones dictadas para la ejecución de una
sentencia no se admitirá otro recurso que el de responsabilidad, y si fuere sentencia
interlocutoria, el de queja por ante el superior.” Asimismo, el art. 723,
fracc. II, concede el recurso de queja contra las interlocutorias dictadas para la
ejecución de sentencias.
Podría parecer que de estos dos preceptos se desprende la conclusión de
que todas las resoluciones judiciales dictadas durante la vía de apremio son
inimpugnables, con la única excepción de las interlocutorias que son recurribles
en queja. Sin embargo, un análisis más amplio de otros preceptos y de la jurisprudencia
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede conducir a
precisar el alcance más limitado de esta regla de inimpugnabilidad.
Por un lado, el art. 515 del CPCDF permite que se interponga el recurso
de apelación en el efecto devolutivo (ejecutivo), contra las sentencias
interlocutorias dictadas en los incidentes de liquidación de sentencias. Esto
significa que, pese a que se trata de una interlocutoria dictada durante la ejecución
de la sentencia, el recurso adecuado es la apelación y no la queja. De manera
que el propio CPCDF permite, en este caso específico, el recurso de apelación
contra resoluciones dictadas durante la ejecución procesal.