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310 Derecho procesal civil
enteramente eficacia a la sentencia extranjera, requiriendo en todo caso un
nuevo proceso ante los tribunales nacionales, en el cual se pronuncie una nueva
sentencia, completamente independiente de la extranjera (sistema territorialista);
b) condicionar la eficacia de la sentencia extranjera a un examen completo
—tanto de fondo como de forma— del proceso y de la sentencia extranjera, el
cual culmina con una nueva sentencia que puede confirmar, revocar o modificar
la sentencia extranjera (sistema de revisión); c) reconocer la eficacia de la
sentencia extranjera, previo un breve procedimiento en el que el tribunal nacional
verifique que la sentencia extranjera cumpla con determinados requisitos
formales fijados en la ley o en los tratados internacionales, y que respete el
orden público nacional para, en caso afirmativo, ordenar su ejecución (sistema
del procedimiento de exequátur u homologación), y d) negar o aceptar la
ejecución de la sentencia extranjera, atendiendo exclusivamente a factores
circunstanciales (sistema discrecional). 31
En México se ha optado por el sistema del procedimiento llamado de exequátur
o de homologación, mediante del cual el tribunal interno reconoce eficacia
a las sentencias extranjeras que cumplan determinados requisitos formales
y no sean contrarios al orden público y ordena, como consecuencia, su ejecución
procesal. Se trata de un procedimiento de reconocimiento y ejecución de
sentencias extranjeras.
En los países con un sistema federal —como es el caso de México—, en los
que coexisten, por un lado, un ordenamiento jurídico y una organización de
tribunales de carácter federal, y por el otro, sendos ordenamientos jurídicos y
organizaciones de tribunales para cada una de las entidades federativas, se
plantea el problema de determinar cuál de dichos ordenamientos y sistemas de
tribunales —los federales o los locales— son los competentes para regular y decidir
sobre el procedimiento de reconocimiento y ejecución de las sentencias
extranjeras.
A este respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido
que los órganos legislativos de los estados son competentes para establecer, en
las leyes que expidan, las reglas para que los tribunales locales reconozcan y
ordenen la ejecución de sentencias provenientes del extranjero, porque esta
materia no queda comprendida dentro de la condición jurídica de los extranjeros
(cuya regulación corresponde al Congreso de la Unión, según lo previene
31
Cfr. Javier Becerra Hernández, Reconocimiento y ejecución de las sentencias civiles extranjeras (tesis
profesional), Escuela Libre de Derecho, México, 1967, pp. 41 y 42; Rafael de Pina y José Castillo
Larrañaga, Instituciones de derecho procesal civil, 7a. ed., Porrúa, México, 1966, p. 315, y Adolfo
Miaja de la Muela, Derecho internacional privado, 6a. ed., t. II, Atlas, Madrid, 1974, p. 466.