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Proceso civil en México 37
Civiles del propio Tribunal tendrá competencia para conocer de las diligencias
preliminares de consignación (art. 172). Sin embargo, el art. 232 del CPCDF
establece que cuando la diligencia preliminar de consignación se promueva en
relación con un acreedor conocido, pero cuyos derechos sean inciertos, la diligencia
“sólo podrá hacerse bajo la autoridad judicial y bajo la condición de que
el interesado justifique sus derechos por los medios legales”, lo cual supone
que en este caso no podrá conocer de la diligencia la Dirección de Consignaciones
Civiles, sino el juez que sea competente para conocer del juicio principal
que pueda plantearse sobre la materia de la consignación (art. 162 del CPCDF).
Por otro lado, la llamada acción de jactancia suele ser entendida como la
facultad que se otorga a quien se considere afectado por la ostentación pública
que otra persona haga —atribuyéndose tener el carácter de su acreedora o ser
el titular de derechos reales sobre bienes poseídos por el primero—, para que
pida al juez señalar un plazo al jactancioso a fin de que ejerza en juicio la
acción que afirme tener, apercibiéndolo de que si no lo hace precluirá su
supuesto derecho y deberá abstenerse de continuar la jactancia.
La acción de jactancia debe plantearse, tramitarse y resolverse, como toda
acción, a través de un proceso contencioso. No es suficiente que el supuesto
afectado afirme ante el juez que ha habido jactancia de parte de otra persona,
para que aquél señale a ésta, en forma inmediata, un plazo para el ejercicio de
sus derechos, sino que se requiere probar en un juicio que efectivamente ha
habido jactancia pública.
Con anterioridad a las reformas al CPCDF publicadas en el DOF del 10 de
enero de 1986, la acción de jactancia se encontraba expresamente regulada por
la fracc. I del art. 32; pero esta fracción fue derogada por dichas reformas. Sin
embargo, la llamada acción de jactancia tiene ahora su fundamento jurídico en
el amplio concepto de la acción contenido en el art. lo. del CPCDF, modificado
por las mismas reformas y de acuerdo con el cual “sólo puede iniciar un
procedimiento judicial o intervenir en él, quien tenga interés en que la autoridad
judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena y quien
tenga el interés contrario”.
Con base en esta disposición, el afectado por la jactancia puede promover
un juicio ordinario para que se condene al jactancioso a ejercer la acción o
pretensión que corresponda al supuesto derecho objeto de la jactancia, con el
fin de que si no lo hace se declare precluida dicha acción o pretensión y se le
aperciba para que no incurra de nuevo en la jactancia. 20
20
Cfr. Alcalá-Zamora, op. cit. supra nota 4, pp. 32 y 33; t. II, p. 158.