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394 Derecho procesal civil
Este régimen restrictivo de la prueba para los juicios de arrendamiento
inmobiliario podría ser impugnado por limitar el derecho de defensa en juicio
establecido en el art. 14 de la Constitución. La jurisprudencia de la Suprema
Corte de Justicia ha señalado que para cumplir con este precepto constitucional
es necesario que se dé a las partes una oportunidad razonable de probar
sus afirmaciones, y la reforma al art. 42 restringe esta oportunidad probatoria.
Se reformó el art. 271 para que, en caso de que el demandado (normalmente
el inquilino) no conteste la demanda, se presuman confesados los hechos
afirmados por el actor en aquélla, al contrario de la presunción de contestación
negativa que preveía dicho precepto. A diferencia de lo que ocurre con la
apelación contra las sentencias dictadas en los juicios ordinarios civiles, que se
admite en “ambos efectos” (suspensivo), la apelación contra la sentencia definitiva
en los juicios sobre arrendamiento inmobiliario sólo se admite en el
efecto “devolutivo”, es decir, la apelación, aun admitida, no suspende los efectos
de la sentencia definitiva apelada (art. 966). En otros términos, dictada
una sentencia que condene al inquilino a desocupar el inmueble arrendado, éste
podrá interponer el recurso de apelación, pero mientras el Tribunal Superior
resuelva tendrá que dejar de ocupar la vivienda. Carecerá de sentido seguir
discutiendo respecto de un inmueble sobre el cual el inquilino ya no tiene el
uso y goce y que probablemente ya se encuentra ocupado por un tercero distinto
de las partes, lo que torna muy difícil o imposible ejecutar una eventual
sentencia de la segunda instancia favorable al arrendatario.
También se restringió el procedimiento, ya que en los juicios sobre arrendamiento
inmobiliario se suprime la audiencia previa y de conciliación, la cual
sí se debe realizar en el juicio ordinario civil.
El trámite del procedimiento se simplifica, pues se reduce a la demanda, a
la que se deberán acompañar los documentos y copias requeridas, el emplazamiento
al demandado, a quien se conceden cinco días para contestar y, en su caso,
reconvenir, y una audiencia de pruebas, alegatos y sentencia (arts. 958 a 962).
Por otro lado, se establece una regla muy estricta para declarar desiertas las
pruebas, cuando los testigos o los peritos no estén presentes en la audiencia,
olvidando distinguir los supuestos en los que el oferente de estas pruebas se
haya comprometido a presentarlos, caso en el que sí procede esta declaración,
y aquellos en los cuales los testigos o los peritos hayan sido citados por el juez,
evento en el cual no se puede declarar desierta la prueba sin haber agotado
previamente los medios de apremio para hacer comparecer a dichos sujetos de
prueba.
Declarar desierta la prueba ofrecida por causa imputable al oferente, según
lo previsto en el art. 960, fracc. II, es inexacto e injusto cuando los testi-