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24 Derecho procesal civil
este territorio, los territorios de los estados “componentes” (o miembros). Las
normas centrales generales o “leyes federales” son creadas por un órgano legislativo
central, la legislatura de la “federación”, mientras que las generales locales son
creadas por órganos legislativos locales, o legislaturas de los estados miembros.
Esto presupone que en el Estado federal el ámbito material del orden jurídico o, en
otras palabras, la competencia de legislación del Estado, encuéntrase dividida entre
una autoridad central y varias locales. 1
En el ámbito de los tribunales, el sistema federal supone también la existencia
de dos clases de juzgadores: los federales, cuya misión se concentra en
la aplicación de las leyes federales o nacionales, y los estatales o locales, cuya
función se dirige, regularmente, a la aplicación de las leyes promulgadas por
los órganos legislativos de los estados.
Dentro del sistema federal mexicano, el art. 124 de la Constitución consigna
como regla fundamental para la distribución de competencias entre los
poderes federales y los locales, la de que las facultades que no estén expresamente
otorgadas por dicha Constitución a los órganos federales, se deben considerar
reservadas a los órganos de los estados. Como la Ley Suprema no atribuye
al Congreso de la Unión la facultad para legislar en materia procesal civil, ha
correspondido a los órganos legislativos de los estados la expedición de los
códigos procesales civiles.
Como consecuencia de esta distribución de competencia legislativa, existen
en la República Mexicana 33 códigos de procedimientos civiles: uno para
cada uno de los 31 estados, uno para el Distrito Federal y otro para la Federación
(este último para aquellos asuntos civiles en que sea parte la Federación).
Esta multiplicidad de códigos procesales civiles plantea graves dificultades
para la administración de justicia, las cuales han sido señaladas por la doctrina:
problemas de aplicación de la ley procesal en el espacio; desigualdades
manifiestas dentro del territorio nacional; dificultades para la renovación de
la legislación procesal, cuya evolución se diluye en una pluralidad de órganos
y fuentes; escasez —cuando no ausencia completa— de estudios sobre cada
uno de dichos códigos y los consecuentes problemas tanto para su interpretación
cuanto para su enseñanza, etc. Por estas razones, un sector importante
de la doctrina se ha pronunciado por la necesidad de unificar la legislación
procesal civil, otorgando expresamente al Congreso de la Unión la facultad
para expedir un solo Código con vigencia en todo el territorio nacional, como
1
Hans Kelsen, Teoría general del derecho y del Estado, trad. de Eduardo García Máynez, UNAM,
México, 1969, pp. 376 y 377.