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298 Derecho procesal civil
de inmuebles, el cual debe complementarse con la anotación respectiva en el
Registro Público de la Propiedad (art. 546); l8 o bien cuando se verifique mediante
notificación de la orden de retención al deudor, tratándose de créditos, o
notificación de la orden de descuento al patrón, cuando se trata de salarios.
Conviene aclarar que cuando se embargue no sólo el crédito, sino el título
mismo del crédito, se debe nombrar a un depositario que, además de la obligación
de conservar “en guarda” al documento, tiene la “de hacer todo lo necesario
para que no se altere ni menoscabe el derecho que el título represente, y
de intentar todas las acciones y recursos que la ley conceda para hacer efectivo
el crédito” (art. 547); y, en fin, también deberá cumplir las obligaciones que el
Código Civil impone a los depositarios (arts. 2516 a 2534, particularmente la
señalada en el art. 2518).
Por otro lado, si el embargo recae en fincas urbanas y sus rentas o sobre
éstas solamente, el depositario tendrá el carácter de administrador, con las facultades
y obligaciones que establece el art. 663 del CPCDF. Entre otras cosas, el
administrador podrá celebrar contratos de arrendamiento, recaudar las rentas
y hacer los gastos ordinarios de la finca arrendada.
En caso de que el embargo se efectúe sobre una finca rústica o una negociación
mercantil o industrial, el depositario será “un mero interventor con cargo
a la caja, vigilando la contabilidad”, y tendrá las atribuciones que señala el
art. 555, entre las cuales podemos mencionar: a) la inspección del manejo de
la finca o negociación para que produzcan el mejor rendimiento posible, y b) la
vigilancia de las ventas y compras, debiendo recoger el numerario de aquéllas
y suministrar los fondos para las últimas, y depositar el sobrante en Nacional
Financiera.
Tanto el interventor como el administrador deben rendir mensualmente
ante el juez una cuenta de los ingresos y egresos, que este último aprobará o
reprobará, determinando los fondos que deben quedar para los gastos necesarios
y mandando depositar el sobrante líquido (arts. 557 y 558).
Los depositarios, administradores e interventores percibirán los honorarios
que señala el arancel contenido en la Ley Orgánica del Tribunal Superior de
Justicia del Distrito Federal (art. 561 del CPCDF).
6. Documentación. Por último, el embargo debe documentarse por medio del
acta que debe levantar el actuario o ejecutor, haciendo constar claramente la
forma en que se llevó a cabo la diligencia.
Cabe señalar que el ejecutante podrá solicitar al juzgador que ordene la ampliación
del embargo, cuando los bienes embargados se estimen o resulten insufi-
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Cfr. ibidem.