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432 Derecho procesal civil
Civil, introducido con las reformas de 1979, permite la aclaración de las actas
del estado civil por la Oficina Central del Registro Civil, cuando “existan errores
mecanográficos, ortográficos o de otra índole que no afecten los datos
esenciales de aquéllas”.
Asimismo, se debe tomar en cuenta que el permiso señalado en el inciso 2
dejó de ser exigible, al haberse derogado los arts. 174 y 175 del Código Civil,
según decreto publicado en el DOF del 6 de enero de 1994.
El art. 939 del CPCDF autoriza el depósito de menores o de incapacitados
que sean maltratados por sus padres o tutores, que reciban de éstos ejemplos
perniciosos a juicio del juez, o que sean obligados por ellos a cometer actos reprobados
por las leyes. Asimismo, el citado precepto faculta al juez para decretar
el depósito de huérfanos o incapacitados que queden en abandono por la
muerte, ausencia o incapacidad física de la persona a cuyo cargo estuviesen.
También puede solicitar su custodia el menor de edad que, deseando contraer
matrimonio, necesite acudir a la autoridad competente para suplir el consentimiento
de sus padres. El artículo señalado permite que en estos casos el juez
decrete el depósito sin “formalidades de ninguna clase, asentándose solamente
en una o más actas las diligencias del día”. En rigor, el depósito decretado
conforme al art. 939 del CPCDF debería ser sólo una medida cautelar personal,
similar a la separación de la persona que intente demandar o presentar
denuncia o querella contra su cónyuge (arts. 205 a 217 del CPCDF), la cual
no implica una decisión sobre la patria potestad o la tutela, cuya pérdida,
suspensión o remoción sólo podrá ser resuelta en un juicio contencioso. Sin
embargo, como el CPCDF regula este depósito de menores como un procedimiento
de jurisdicción voluntaria sin formalidades de ninguna clase, que se
traduce en un acto de privación de la custodia de los padres sin respetar la
garantía de audiencia, resulta una medida inconstitucional, tal como lo ha
sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en relación con el art. 985
del CPC del estado de Nuevo León, que estaba vigente en 1957, y cuyo contenido
es equivalente al del art. 939 del CPCDF. 22
Por último, conviene advertir que, no obstante que el CPCDF lo regule en
un título distinto del correspondiente a los procedimientos de jurisdicción
voluntaria, el procedimiento de divorcio voluntario participa de la naturaleza de
éstos. Como es sabido, el divorcio voluntario tiene dos trámites distintos.
22
Cfr. la tesis del Pleno de la Suprema Corte publicada bajo el rubro “MENORES, DEPÓSITO DE.
INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 985 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE NUEVO
LEÓN. JURISDICCIÓN VOLUNTARIA”, en Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, t. CXIX, 1a.
parte, p. 18.