derecho_procesal_civil__-_ovalle_favela.pdf_·_versión_1

Proceso civil en México 25
ya ocurre en otros estados federales como Brasil y Venezuela, en América Latina,
y la República Federal de Alemania, en Europa Occidental. 2
Sin embargo, cabe advertir que esta cantidad tan elevada de ordenamientos
procesales civiles no ha dado lugar a una considerable variedad en el contenido
de dichos cuerpos legales; en otras palabras, no ha significado que tales
códigos sean muy diversos entre sí. Al contrario, entre ellos hay más semejanzas
y convergencias que diferencias y divergencias. Fue precisamente Alcalá-
Zamora quien, con base en la estructura y el contenido de los ordenamientos
procesales civiles, agrupó a éstos en familias, considerando que la mayoría de
los códigos —a los que llamó filiales— se limitaban a reproducir o a imitar sólo
algunos códigos, que servían como modelos o matrices de los primeros. 3 Aunque
el profesor hispano distinguía entonces seis familias puras de códigos, se puede
sostener que éstas actualmente se reducen a las tres siguientes.
2.1.1. Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal de 1932
En primer término, se debe mencionar a la familia basada en el Código de
Procedimientos Civiles del Distrito Federal del 29 de agosto de 1932, todavía vigente
en dicha entidad y el que ha servido como modelo a la mayoría de los
códigos estatales. Este Código fue elaborado por una Comisión integrada por
Gabriel García Rojas, José Castillo Larrañaga y Rafael Gual Vidal, con base en
los precedentes Códigos de Procedimientos Civiles del Distrito Federal de 1872,
1880 y 1884, así como en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla
de 1880 (conocido como Código Béiztegui, en alusión al autor del proyecto
respectivo); Códigos que, a su vez, sufrieron la influencia determinante de las
Leyes de Enjuiciamiento Civil españolas de 1855 y 1881. 4
Por tanto, el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal de 1932 es el
ordenamiento que ha recibido en mayor medida la tradición española y la ha
transmitido a los Códigos estatales que lo tomaron como modelo. No obstante,
2
Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, “Unificación de los códigos procesales mexicanos, tanto civiles
como penales”, en Revista de la Facultad de Derecho de México, núms. 37 a 40, enero-diciembre de 1960,
pp. 265 a 309, y también en Derecho procesal mexicano, Porrúa, México, 1976, t. I, pp. 39 a 43; y José
Ovalle Favela, “Bases para un nuevo Código Procesal Civil del Estado de Durango”, en Revista del Supremo
Tribunal de Justicia del Estado de Durango, núms. 22 y 23, abril-septiembre de 1986, pp. 65 a 67.
3
Alcalá-Zamora, op. cit. supra nota anterior, pp. 280 a 284.
4
Cfr. Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, Examen crítico del Código de Procedimientos Civiles de Chihuahua,
Universidad de Chihuahua, Chihuahua, 1959, p. 3. Este trabajo también fue incluido en Derecho...
cit. supra nota 2, t. II, pp. 135 y 136. Sobre la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, de tanta
trascendencia para los países hispanoamericanos, puede verse el excelente libro de Juan Montero
Aroca, Análisis crítico de la Ley de Enjuiciamiento Civil en su centenario, Civitas, Madrid, 1982.