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Medios de prueba 163
indicio por una objeción no razonada ni demostrada, es convertir a la prueba
y al proceso en un juego de argucias y de maquinaciones, en el que acaba por
triunfar quien tenga más habilidad para actuar con temeridad y mala fe; es
introducir la más completa inseguridad jurídica en las relaciones jurídicas,
pues bastará con una simple objeción no razonada ni probada para prácticamente
negarle valor probatorio a los documentos privados firmados por las
partes; es, en suma, hacer prevalecer el principio de la mala fe en el proceso, en
contra del principio de lealtad y probidad, hacia el cual se orientan los más
recientes ordenamientos procesales iberoamericanos. Esta tesis prácticamente
deja sin efecto todas las tesis de jurisprudencia que imponían a la parte que
objetaba la autenticidad de un documento privado, la carga de la prueba de
su objeción, las cuales se enuncian en la nota 23.
Esta tesis se refiere a los documentos privados provenientes de las partes,
porque con anterioridad la Suprema Corte de Justicia había sostenido en relación
con los documentos privados provenientes de terceros, que “basta con
que sean objetados en su contenido por la parte a quien perjudican, para que...
pierdan su valor probatorio”. 26
El juez civil, al resolver la impugnación de los documentos públicos o privados,
finalmente sólo debe decidir acerca de la fuerza probatoria del documento
impugnado, “sin que pueda hacer declaración alguna general que afecte al
instrumento y sin perjuicio del procedimiento penal a que hubiere lugar” (art.
386, tercer párrafo). El juez civil no puede resolver acerca de la falsedad general
del documento sino únicamente sobre su fuerza probatoria en relación con
los hechos discutidos en el juicio civil. De la falsedad general del documento,
sí puede resolver un juez penal, pues aquélla constituye un delito; pero para
esto será necesario un proceso penal previo.
Por último, cabe señalar que, conforme a lo previsto por los arts. 482 y
483 del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, cuando en un procedimiento
judicial civil o mercantil se denuncien hechos delictuosos (como
podrían ser los delitos de falsificación de documentos y uso de documentos
falsos previstos en los arts. 244 y 246, fracc. VII), el juez de los autos debe
ponerlos en conocimiento del Ministerio Público adscrito al juzgado. Los hechos
también pueden ser denunciados directamente por el interesado al Ministerio
Público.
Después de la averiguación que practique el Ministerio Público, éste determinará
si ejerce o no la acción penal correspondiente. En caso afirmativo, si el
26
Tesis de jurisprudencia 221 del ASJF 1917-2000, t. IV, p. 181, “DOCUMENTOS SIMPLES PROVE-
NIENTES DE TERCERO, NO OBJETADOS”.